Fabiola Márquez
A casi cumplirse dos años de la puesta en marcha de la licencia de conducir digital en Tlaxcala, el proyecto de modernización impulsado por el gobierno encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros no ha logrado consolidarse ni generar el impacto ciudadano que fue anunciado como uno de los avances tecnológicos de la administración lorenista.
En enero de 2024, con amplio despliegue mediático, la mandataria estatal presentó la “App Licencia Digital Tlaxcala”, disponible para dispositivos Android, como una herramienta que permitiría agilizar trámites, reducir filas, combatir la falsificación de documentos y avanzar hacia un gobierno digital. No obstante, al realizar una consulta a la plataforma este domingo 28, la aplicación apenas registra poco más de 10 mil descargas, una cifra marginal si se compara con el padrón real de conductores en la entidad.
La digitalización de licencias comenzó desde 2023 y permitía consultar folios emitidos incluso desde 2022. Sin embargo, a casi dos años de su creación, el proyecto no alcanzó el “éxito” prometido por el gobierno estatal y se mantiene lejos de convertirse en una herramienta de uso cotidiano para la ciudadanía.
El bajo impacto del programa contrasta con experiencias de otras entidades y administraciones. Estados como Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y Nuevo León lograron, en periodos similares o incluso menores, una adopción masiva de licencias digitales, integrándolas a sistemas de identidad, aplicaciones gubernamentales amplias y operativos de tránsito, con plena aceptación por parte de autoridades y ciudadanos.
En Tlaxcala, por el contrario, persiste la percepción de que la licencia digital es un trámite poco útil o limitado, ya que muchos conductores desconocen su funcionamiento, dudan de su validez en revisiones viales o prefieren seguir utilizando el documento físico ante la falta de claridad institucional.
Uno de los principales factores del estancamiento ha sido la escasa difusión posterior al anuncio oficial. Tras el lanzamiento con “bombo y platillo”, la aplicación quedó prácticamente fuera de la agenda pública, sin campañas constantes de promoción ni información clara que incentivara su adopción.
A ello se suma la desconfianza ciudadana hacia las plataformas digitales gubernamentales, especialmente cuando otros procesos de modernización administrativa en el estado no han logrado traducirse en mejoras tangibles para la población.
El bajo nivel de adopción cobra mayor relevancia de cara a 2026, año en el que se prevé un incremento en la demanda de trámites vehiculares, derivado del crecimiento del padrón de conductores, la renovación obligatoria de licencias y el aumento de la movilidad regional.
Si, el gobierno estatal no fortalece desde ahora su infraestructura digital y la confianza en este tipo de herramientas, Tlaxcala podría enfrentar saturación en módulos presenciales, mayores tiempos de espera y costos administrativos más elevados. La licencia digital fue concebida precisamente para anticipar este escenario y reducir la presión sobre los servicios físicos, objetivo que hasta ahora no se ha cumplido.
Mientras otras entidades planean que una parte significativa de sus renovaciones se realicen en línea hacia 2026, Tlaxcala mantiene un rezago que amenaza con convertirse en un cuello de botella administrativo.
La licencia digital se perfila hoy como una promesa incumplida de la agenda de modernización del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros. Más allá del discurso oficial, los números reflejan una brecha evidente entre el anuncio político y la implementación efectiva.
A casi dos años de su creación, el proyecto permanece como un ejercicio limitado, con bajo impacto social y sin una estrategia clara de relanzamiento. Si no se corrige el rumbo, la licencia digital corre el riesgo de quedar registrada como un intento fallido de innovación gubernamental, más recordado por su presentación mediática que por sus resultados reales.
De cara a 2026, la administración estatal enfrenta el reto de decidir si apuesta por fortalecer la digitalización con acciones concretas o si deja que uno de sus proyectos emblemáticos quede rezagado frente a las crecientes demandas ciudadanas de eficiencia, certeza y modernidad en los servicios públicos.
