Derechos Humanos insiste en la necesidad de establecer protocolos ante linchamientos.
Fabiola Márquez
El reciente pronunciamiento de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Jakqueline Ordóñez Brasdefer, exhorta a los municipios a aplicar los protocolos de actuación ante intentos de linchamiento. Derechos Humanos sigue insistiendo, pero esto vuelve a poner sobre la mesa una problemática persistente: la debilidad de la respuesta institucional frente a la justicia por propia mano.
Si bien el llamado enfatiza la protección de la vida y la integridad de las personas, el posicionamiento ha sido considerado por diversos sectores como tardío e insuficiente. Esto ocurre en un contexto donde los intentos de linchamiento se repiten en distintos municipios. Sin embargo, no hay una estrategia preventiva clara ni resultados visibles.
La presidenta del organismo recordó que existen protocolos que obligan a las autoridades municipales a intervenir de manera inmediata. Se debe privilegiar el diálogo y la coordinación con instancias estatales. Sin embargo, la reiteración de este exhorto evidencia una falla estructural. Los protocolos no se aplican, no se supervisan o simplemente no se conocen. La Comisión Derechos Humanos no ha ejercido presión efectiva para su cumplimiento, y sigue insistiendo en protocolos ante linchamientos.
Organizaciones civiles han señalado que, más allá de los llamados públicos, la Comisión de Derechos Humanos ha mantenido una postura reactiva. Se limita a pronunciamientos posteriores a los hechos, sin emitir recomendaciones contundentes ni señalar responsabilidades directas. Esto ocurre cuando autoridades omiten actuar ante riesgos evidentes de linchamiento.
Asimismo, se cuestiona la falta de seguimiento público a los casos ya documentados. Aunque la Comisión afirma acompañar y vigilar estas situaciones, no se ha transparentado cuántos expedientes se han abierto. Tampoco se sabe cuántas recomendaciones se han emitido ni qué sanciones se han derivado de la inacción municipal.
Fenómeno de los linchamientos
El fenómeno de los linchamientos, advierten especialistas, no solo responde al enojo social. También se debe a la desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia. Este es un aspecto que la Comisión ha señalado de manera reiterada. Sin embargo, no ha impulsado acciones estructurales que incidan de fondo en la prevención de los linchamientos.
Para críticos del organismo, la defensa de los derechos humanos no puede limitarse a exhortos discursivos. Requiere presencia territorial, monitoreo permanente de zonas de riesgo, y capacitación obligatoria a policías municipales. Se necesita una postura firme que evidencie la responsabilidad del Estado cuando se permite que la violencia comunitaria sustituya al debido proceso.
El llamado de Jacqueline Brasdefer, aunque necesario, deja abierta la interrogante sobre el papel real de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Será un actor que anticipe, prevenga y sancione omisiones? Derechos Humanos debería insistir en protocolos claros, ¿o continuará reaccionando cuando la violencia ya ha puesto en riesgo la vida y la dignidad de las personas?
Mientras tanto, los municipios siguen enfrentando intentos de linchamiento con respuestas improvisadas. La ciudadanía continúa a la espera de una defensa efectiva de los derechos humanos que vaya más allá del discurso institucional. Por tanto, el tema de Derechos Humanos insiste en protocolos ante linchamientos sigue siendo crucial.
