La exigencia de Morena de investigar presuntos actos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), tanto del pasado como del presente, abre también la discusión sobre los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas en sus representaciones estatales, incluida la de Tlaxcala.
A través de un posicionamiento difundido el 1 de noviembre, Morena demandó una investigación profunda sobre las presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del organismo, además de esclarecer quién autorizó los contratos cuestionados, qué proveedores participaron, quiénes se beneficiaron y por qué no se corrigieron las anomalías detectadas anteriormente.
El partido sostuvo que las investigaciones no deben concentrarse únicamente en la gestión de Guadalupe Taddei, sino extenderse a administraciones anteriores, entre ellas la de Lorenzo Córdova. Como antecedente, recordó el contrato de arrendamiento de vehículos con la empresa Jet Van, celebrado en 2015 por un monto cercano a los mil millones de pesos, cuyo costo fue cuestionado por la Contraloría.
En Tlaxcala, el INE cuenta con una Junta Local Ejecutiva y juntas distritales que forman parte de la estructura administrativa del organismo nacional y desarrollan actividades relacionadas con el Registro Federal de Electores, la organización electoral y la capacitación cívica.
En ese contexto, los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y las contrataciones del INE también ponen sobre la mesa la importancia de la supervisión de sus estructuras locales, donde la transparencia administrativa y la rendición de cuentas forman parte de las obligaciones institucionales. Esto cobra relevancia rumbo a 2027, cuando Tlaxcala participará en un nuevo proceso electoral.
Aunque Morena no presentó señalamientos contra funcionarios del INE en Tlaxcala, su exigencia de revisar las irregularidades del pasado y del presente abre la posibilidad de que el escrutinio público sobre el funcionamiento del Instituto también se extienda a sus representaciones estatales, sin que ello implique la existencia de denuncias específicas en la entidad.
El partido insistió en que se debe esclarecer quién autorizó los contratos, cuáles fueron las empresas beneficiadas y por qué no se atendieron las observaciones previas. Una exigencia que coloca nuevamente en el centro del debate la transparencia de los recursos destinados a las instituciones encargadas de garantizar la democracia.
