Muerte en separos de Tlaltelulco: No fue casualidad, fue omisión

Fabiola Márquez La muerte de un hombre al interior de los separos de la Dirección de Seguridad Pública de La Magdalena Tlaltelulco no solo ha generado indignación, sino que ha puesto el foco en un punto clave: los protocolos que deben seguir las autoridades cuando una persona es detenida y permanece bajo custodia.

De acuerdo con el reporte del Servicio de Emergencias 911, el masculino fue localizado inconsciente dentro de una celda y, pese a la intervención de paramédicos, ya no contaba con signos vitales. Previamente, había sido detenido en estado de intoxicación etílica severa y trasladado a los separos municipales.

¿Qué deben hacer las autoridades? Cuando una persona es detenida, especialmente en estado de ebriedad o intoxicación, existen protocolos básicos de actuación que no son opcionales, sino obligatorios. Entre ellos:

Valoración médica inmediata al momento del ingres ,certificado médico que determine su estado físico, Registro detallado de condiciones en las que ingresa , monitoreo constante durante su estancia en separos revisiones periódicas para verificar signos vitales ,canalización a hospital en caso de intoxicación severa, evitar aislamiento sin supervisión en casos de riesgo.

Estos lineamientos existen porque una persona en estado de intoxicación puede perder el conocimiento, broncoaspirar o sufrir un paro respiratorio en cuestión de minutos. Por ello, dejar a un detenido sin vigilancia constante puede convertirse en un factor de riesgo directo.

¿Qué ocurre cuando una persona muere bajo custodia? Cuando un detenido fallece dentro de separos, el caso deja de ser un hecho administrativo y se convierte en un asunto de posible responsabilidad legal. La autoridad está obligada a:

Dar aviso inmediato al Ministerio Público, Asegurar el lugar de los hechos ,Entregar bitácoras, registros y reportes médicos, permitir la intervención de peritos ,Iniciar investigaciones por posible omisión o negligencia.

En estos casos, la carga de la prueba recae en la autoridad, ya que la persona fallecida se encontraba bajo su resguardo. Es decir, corresponde a la institución demostrar que actuó conforme a los protocolos y que no hubo fallas en la atención o vigilancia.

El caso en La Magdalena Tlaltelulco abre una pregunta central: si los protocolos existen, por qué un detenido terminó muerto dentro de una celda.

Más aún, cuando se trata de una persona en estado de intoxicación, el riesgo es conocido y prevenible bajo vigilancia adecuada. Por ello, ahora será la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala la instancia encargada de determinar si hubo omisión en la atención, fallas en la supervisión o negligencia por parte de los elementos de seguridad pública.

Porque en estos casos no se trata solo de una muerte: se trata de una persona que entró viva bajo custodia del Estado y no salió con vida, lo que convierte el hecho en una posible responsabilidad institucional que deberá ser esclarecida.