Plantean reforma para garantizar actuación eficaz de autoridades educativas en casos de violencia escolar

Aldo Romero



Dado los antecedentes de violencia que se han registrado en la mayoría de las escuelas en Tlaxcala, la Diputada Engracia Morales Delgado, presentó la propuesta a la Ley de Educación para sentar las bases legales que permitan garantizar una cultura de la paz efectiva y una sana convivencia en los centros educativos.



La legisladora señaló que no pueden pasar desapercibidos por el Poder Legislativo los recientes casos de violencia escolar, mismos que representan una falla para la autoridad educativa, que no actúa con base a protocolos para prevenir y evitar que la violencia escolar se repita.



Morales Delgado, detalló que la reforma plantea que las autoridades e instituciones educativas formen a las y los educandos bajo los principios de respeto, tolerancia, solidaridad, inclusión, igualdad sustantiva, valores democráticos que favorezcan el diálogo constructivo y búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y se sana convivencia



Lo anterior se pretende lograr con la implementación de programas y protocolos que fomenten la cultura de la paz en los centros educativos, la prevención de la violencia escolar y una convivencia pacífica, inclusiva y democrática.



Asimismo, se establece que la autoridad educativa deberá salvaguarda la dignidad, la integración física de la comunidad educativa y atenderá y sancionará dentro de sus facultades cualquier tipo de violencia, discriminación, amenaza, agresión física verbal o psicológica que se realice en contra de los alumnos, maestras y maestros; madres y padres de familia.



Para lograr lo anterior, la autoridad educativa deberá implementar programas de prevención de violencia y fortalecimiento de la cultura del respeto en el entorno escolar, así como diseñar, aprobar e implementar el programa de escuelas libres de violencia en todos los niveles educativos del estado.



Se señala que la autoridad educativa deberá garantizar la atención jurídica, psicológica y médica necesaria, de forma ágil y confidencial a cualquier miembro de la comunidad educativa que sea víctima de cualquier tipo de violencia o agresión en el entorno escolar.



Finalmente, la propuesta plantea que las autoridades educativas se coordinarán con las autoridades competentes para que los actos de violencia sean investigados y sancionados.