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Polémica en el 7 de Mayo por nueva disposición para trabajadores de Ciudad Judicial

La decisión de Karina Erazo, dirigente del Sindicato 7 de Mayo, de concentrar la recepción de trámites laborales de trabajadores de Ciudad Judicial abrió cuestionamientos sobre el papel de la organización sindical en la gestión de permisos y prestaciones.

Mediante un comunicado fechado el 13 de octubre, el sindicato informó que los permisos económicos, licencias sin goce de sueldo, incapacidades, licencias de maternidad y paternidad, canastillas de maternidad y gastos médicos deberán gestionarse a través de la organización.

Para recibir la documentación fueron designadas Verónica Margarita Cabral Flores, secretaria de Organización, Escalafón y Estadística, y Matilde Jiménez Cabrera. Sin embargo, el documento no explica por qué se decidió concentrar estos procedimientos ni si los trabajadores podrán continuar realizando sus trámites directamente ante las instancias administrativas del Poder Judicial.

La medida genera interrogantes sobre sus alcances, particularmente si la intervención sindical busca facilitar la gestión de las prestaciones o si representará un paso adicional para los trabajadores. Hasta ahora, no se ha hecho pública una postura de los trabajadores afectados que permita conocer cómo recibieron la disposición y qué consecuencias tendría para ellos.

También está pendiente conocer la posición de las autoridades del Poder Judicial ante los señalamientos sobre una posible intervención de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Órgano de Administración. No obstante, el comunicado sindical no permite establecer por sí mismo que exista una actuación irregular ni que se hayan vulnerado derechos laborales.

Más allá de la instrucción anunciada por Karina Erazo, queda por aclarar cuál es el fundamento de la medida, si se ajusta al convenio laboral vigente y qué garantías tendrán los trabajadores para realizar sus gestiones sin obstáculos ni retrasos.

Hasta el momento, el comunicado no expone las razones de esta disposición y está pendiente conocer la postura de las autoridades judiciales sobre el procedimiento anunciado.

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