Fabiola Márquez
El líder transportista Indalecio N. fue vinculado a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, luego de que un juez de control determinara que existen elementos suficientes para continuar con la investigación en su contra, derivado de denuncias presentadas por integrantes de su propia agrupación de concesionarios en Tlaxcala.
La indagatoria fue iniciada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, tras recibir diversas querellas en las que se señala que el imputado habría ofrecido gestionar nuevas concesiones de transporte público bajo el argumento de una supuesta apertura de ruta entre el municipio de Papalotla y la capital del estado.
De acuerdo con las investigaciones, Indalecio N. presuntamente solicitaba pagos aproximados de 300 mil pesos por cada unidad, además de un anticipo cercano a los 50 mil pesos para “asegurar” el trámite correspondiente. Sin embargo, los denunciantes aseguraron que, pese a realizar los depósitos requeridos, nunca recibieron documentación oficial ni autorización formal que acreditara la obtención de concesiones, lo que evidenció que las gestiones prometidas no existían legalmente.
Las autoridades estatales precisaron que la facultad exclusiva para otorgar concesiones de transporte público recae en la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Tlaxcala, por lo que cualquier ofrecimiento o cobro realizado por particulares bajo esa promesa carece de sustento jurídico.
Asimismo, la legislación vigente en la entidad establece que las concesiones no pueden ser vendidas, cedidas ni negociadas entre particulares, ya que no generan derechos reales sobre las rutas o los permisos, sino únicamente obligaciones administrativas para el titular autorizado por el Estado. Por ello, ofrecerlas como producto o trámite particular constituye una irregularidad y podría configurar conductas delictivas.
Durante la audiencia inicial, el juez de control resolvió que el acusado enfrentará el proceso en libertad condicionada, imponiéndole como medida cautelar la firma periódica mientras se desarrolla la investigación complementaria, cuyo plazo fue fijado en tres meses.
En este periodo, la Fiscalía buscará determinar el alcance total del presunto fraude, cuantificar los montos involucrados y establecer si existen más víctimas afectadas dentro del gremio transportista.
Cabe señalar que el dirigente ya había sido señalado anteriormente dentro del sector por presuntos cobros irregulares y supuestas ventas de concesiones, antecedentes que ahora forman parte del contexto analizado dentro del proceso judicial en curso.
Las autoridades reiteraron que el proceso se llevará conforme a derecho y que será el Poder Judicial quien determine su responsabilidad legal.
