Fabiola Márquez
Organizaciones ambientales, colectivos ciudadanos y comunidades organizadas se pronunciaron en contra del proyecto impulsado por el Gobierno del Estado en el Parque de la Juventud, el cual contempla una inversión de 122 millones de pesos sin contar con estudios de impacto ambiental ni social, ni permisos claros que regularan su ejecución. Desde su anuncio, las organizaciones advirtieron que se trata de una obra impuesta desde la opacidad.
Los colectivos señalaron que el proyecto prioriza la urbanización por encima de la protección de uno de los principales pulmones verdes de la capital, subrayando que el desarrollo no puede basarse en el cemento, sino en acciones que atiendan las necesidades sociales y preserven bosques, cerros, manantiales y humedales.
Entre los riesgos denunciados por las organizaciones se encuentra la tala de árboles, varios de ellos marcados previamente con una “X”, así como la construcción de infraestructura como una alberca olímpica, nuevos edificios, una estancia militar y sistemas de riego con aguas tratadas, lo que representaría impactos ambientales, sanitarios y sociales dentro del Parque de la Juventud.
Ante esta situación, organizaciones, activistas y ciudadanía se articularon para la defensa del parque mediante marchas, acciones comunitarias y estrategias legales. Gracias a esta presión social, el Gobierno del Estado modificó su narrativa y aseguró públicamente que no habría tala ni construcción de un estanque artificial, aunque las autoridades se han negado a formalizar estos compromisos por escrito.
Las organizaciones denunciaron además el bloqueo sistemático al acceso a la información pública y la difusión de encuestas sin rigor metodológico, utilizadas afirmaron como justificación para continuar con el proyecto, normalizando prácticas que vulneran derechos humanos y ambientales.
Durante más de tres meses, los colectivos han realizado inventarios forestales, festivales culturales y ambientales, diagnósticos sociales, observación de flora y fauna, recolección de firmas y denuncias administrativas, además de alertar sobre incendios que han debilitado el ecosistema del parque.
El avance más significativo se dio en el ámbito jurídico, luego de que el Tercer Juzgado de Distrito concediera una suspensión provisional, impidiendo cualquier obra, tala o movimiento de tierra en el Parque de la Juventud hasta que se resuelva el fondo del asunto.
Finalmente, las organizaciones exigieron al Gobierno del Estado de Tlaxcala retomar mesas de diálogo reales y transparentes, así como garantizar un plan de manejo adecuado que asegure la conservación del Parque de la Juventud, al considerarlo un patrimonio ambiental, cultural y social de la ciudadanía.
