Rectora de la UPTx enfrenta señalamientos por presunta coerción política dentro de la universidad

Claudia Orozco

La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) atraviesa uno de los episodios más tensos de los últimos años, luego de que estudiantes y docentes denunciaran presuntas presiones para afiliarse a un partido político a cambio de beneficios académicos y laborales.

De acuerdo con los testimonios difundidos por la comunidad universitaria, la rectoría estaría utilizando su influencia institucional para impulsar un proceso de afiliación partidista que nada tiene que ver con la vida académica.

Los denunciantes aseguran que algunos estudiantes habrían recibido ofrecimientos de calificaciones a cambio de registrarse políticamente, bajo el argumento de que existe una “cuota” que debe cumplirse.

En el caso del personal docente, mencionan que se les habría exigido llevar a un número determinado de personas para completar el proceso de afiliación, presuntamente bajo la amenaza de modificar o retirar su carga horaria.

Aunque estas versiones no han sido confirmadas por alguna autoridad independiente, han encendido alarmas entre la comunidad universitaria.

Lo que más inquieta a los afectados es que, según relatan, estas actividades se estarían realizando fuera de las instalaciones educativas, incluso en un domicilio particular, donde se organiza el proceso de afiliación y se ofrecen incentivos mínimos como pan y café para quienes participan.

Estos señalamientos refuerzan la preocupación sobre la intromisión de intereses partidistas en una institución que debería regirse por principios de neutralidad, libertad académica y respeto a la autonomía universitaria.

Las acusaciones han desatado críticas severas por parte de estudiantes, docentes y ciudadanos tlaxcaltecas, quienes cuestionan la pasividad institucional y exigen que se investigue a fondo lo ocurrido.

La comunidad estudiantil reclama garantías de que la UPTx no se convertirá en un instrumento político y que se restituirá un ambiente de respeto, libertad y profesionalismo.

Hasta el momento, no se han anunciado medidas oficiales para aclarar los hechos, lo que incrementa la incertidumbre y la exigencia de que las autoridades estatales actúen con firmeza y transparencia.