El coordinador de Comunicación del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, rechazó que exista algo que recomponer en la relación entre las autoridades estatales y los medios de comunicación, y sostuvo que, por el contrario, deben establecerse reglas mucho más claras y estrictas para evitar que los recursos públicos se conviertan en un instrumento de censura.
El funcionario defendió que la relación institucional entre el Gobierno y los medios no debe estar condicionada por convenios publicitarios, ni por la postura editorial que cada medio mantenga frente a la administración estatal.
Afirmó que el dinero público no puede utilizarse para premiar a medios de comunicación que favorezcan al Gobierno ni para castigar económicamente a aquellos que ejerzan una labor crítica o cuestionen las decisiones de las autoridades.
En ese sentido, insistió en que la información pública no debe negociarse y que los criterios para asignar recursos destinados a publicidad oficial deben conducirse con transparencia, claridad y responsabilidad, particularmente por tratarse de dinero que pertenece a la ciudadanía.
Martínez Velázquez sostuvo que las reglas deben ser más estrictas, sobre todo para los funcionarios públicos, a fin de impedir que las decisiones relacionadas con la contratación de publicidad oficial se conviertan en mecanismos de presión o condicionamiento hacia los medios.
Su posicionamiento coloca nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la relación entre el poder público y la prensa, particularmente respecto a la distribución de convenios publicitarios y las condiciones bajo las cuales se asignan los recursos destinados a la difusión gubernamental.
De esta manera, el vocero estatal defendió que la relación con los medios debe mantenerse bajo principios de transparencia y respeto a la libertad de expresión, sin que la línea editorial de cada publicación determine el acceso a los recursos públicos.
