SECOFAM es responsabilidad del Poder Judicial y resguarda datos de convivencias supervisadas

Fabiola Márquez  / La presidenta honorífica del DIF estatal Mariana Espinoza  de los Monteros Cuéllar aclaró que el Servicio de Convivencia Familiar (SECOFAM) no forma parte del Sistema Estatal, ya que su operación y administración corresponden directamente al Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, instancia encargada de garantizar el cumplimiento de resoluciones judiciales en materia familiar.

Al ser cuestionada sobre cuántas familias se encuentran actualmente asistiendo a convivencias supervisadas, así como el número de padres y madres que acuden con los menores en relación con quién ostenta la guarda y custodia, explicó que dicha información no puede hacerse pública debido a la naturaleza sensible de los casos y a la protección de datos personales de niñas, niños y adolescentes involucrados.

Subrayó que, si bien el SECOFAM no depende del gobierno estatal, sí existe un acompañamiento institucional y coordinación permanente con el Poder Judicial. Detalló que personalmente da seguimiento a los reportes diarios a través de un canal de comunicación en el que se informa cuántos menores asisten a las convivencias programadas, cuántos no se presentan y si alguno de los progenitores incurre en inasistencias.

“Estoy en un grupo donde el SECOFAM reporta diariamente cuántos niños asisten, cuántos no; en caso de que alguno de los progenitores no se presente, también se registran las inasistencias. Sin embargo, es importante precisar que no es parte del sistema estatal”, puntualizó.

Explicó que este monitoreo permite identificar patrones de incumplimiento y dar acompañamiento a las familias cuando se detectan situaciones reiteradas de ausencia, siempre en el marco de las determinaciones judiciales y priorizando el interés superior de la niñez.

Mariana de los Monteros Cuéllar insistió en que la reserva de la información responde a la obligación legal de proteger la identidad y la integridad de las familias involucradas en procesos judiciales, especialmente cuando se trata de menores de edad. Recalcó que cualquier dato estadístico o información específica debe ser solicitada directamente al Poder Judicial, que es la autoridad competente en la materia.

Finalmente, reiteró que el objetivo del acompañamiento institucional es fortalecer el bienestar de las niñas y niños que participan en convivencias supervisadas, garantizando que estos espacios se desarrollen conforme a derecho y bajo supervisión profesional, sin vulnerar la confidencialidad de los casos.