Fabiola Márquez
La síndica de Yauhquemehcan, Ana Rosa Gamero Sotoñez, lanzó un duro posicionamiento contra la administración del presidente municipal David Vega Terrazas y colocó bajo escrutinio el manejo de los recursos públicos, el funcionamiento del área jurídica y la actuación del Cabildo. Sus señalamientos evidencian una creciente confrontación interna en el Ayuntamiento y ponen al alcalde ante cuestionamientos que ahora deberán ser aclarados.
Gamero Sotoñez rechazó que sus ausencias por motivos de salud puedan utilizarse para desacreditar su trabajo o justificar una votación en su contra. Aseguró que sus gestiones están respaldadas con oficios, acuses, expedientes e informes y cuestionó que, pese a que algunos integrantes del Ayuntamiento conocían su situación, se hayan programado sesiones precisamente cuando se encontraba atravesando por problemas de salud.
Uno de sus principales reclamos apunta al funcionamiento del área jurídica. La síndica sostuvo que la Dirección Jurídica no depende de ella y que existen documentos en los que esa misma área habría determinado que no había elementos suficientes para presentar determinadas denuncias. Por ello, cuestionó que se pretenda cargarle responsabilidades por procedimientos que no están bajo su control y advirtió que no puede presentar responsablemente denuncias cuando previamente se le ha informado que carecen de elementos.
El golpe más fuerte, sin embargo, llegó con la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Gamero Sotoñez reveló que decidió no firmarla porque, según su versión, detectó anomalías, incongruencias en el gasto, precios que considera elevados y falta de comprobación de algunos conceptos. “Mi firma tiene un valor y representa una responsabilidad”, sostuvo, dejando claro que no está dispuesta a respaldar con su firma documentación que, desde su perspectiva, requiere ser revisada y aclarada.
La síndica también cuestionó el gasto destinado a medios de comunicación, al señalar que se han canalizado “miles y miles de pesos” mientras persisten necesidades en las comunidades. Aclaró que no cuestiona la comunicación institucional como tal, sino si los recursos públicos están siendo utilizados de manera responsable y si esas prioridades corresponden con las necesidades de la población.
El conflicto se tornó aún más delicado cuando Gamero Sotoñez aseguró que ha recibido amenazas e intimidaciones para que deje de hablar públicamente. Decidió hacerlo constar ante la ciudadanía y advirtió que cualquier situación que pudiera ocurrirle a ella o a su familia deberá ser esclarecida. También cuestionó que una nota periodística sobre sus ausencias circulara antes de que el asunto fuera discutido en Cabildo, lo que, dijo, genera preguntas sobre cómo y desde dónde se filtró la información.
Finalmente, se refirió a la problemática de Santa Úrsula Zimatepec y reconoció que existe una causa social legítima que debe ser atendida, pero rechazó que sea utilizada para generar confrontaciones o endosarle responsabilidades que no dependen exclusivamente de ella.
