Tlaxcala analiza uso de brazaletes electrónicos para PPL a fin de reducir la sobrepoblación en centros penitenciarios

Fabiola Márquez // El secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Perea Marrufo, informó que el estado analiza la implementación de brazaletes electrónicos para Personas Privadas de la Libertad (PPL), como una alternativa para despresurizar los centros penitenciarios y permitir que ciertos perfiles cumplan su condena fuera de prisión, bajo estricta supervisión y control tecnológico.

Perea Marrufo detalló que el proyecto se encuentra en etapa de evaluación y requerirá coordinación directa con el Poder Judicial, instancia que definirá quiénes pueden acceder a este beneficio, tomando en cuenta criterios como el tipo de delito, avance de su proceso judicial, conducta, riesgos y viabilidad legal.

“Estamos viendo la posibilidad de implementar el brazalete de control para PPL. Esto, obviamente, en coordinación con el Poder Judicial, para ver quiénes pudieran ser los candidatos a utilizar este beneficio”, explicó el funcionario.

El secretario subrayó que el esquema permitiría que determinados internos puedan “purgar su pena fuera de libertad”, siempre y cuando permanezcan bajo vigilancia continua mediante el dispositivo electrónico, lo que implicaría una supervisión constante y la obligación de cumplir con protocolos de movilidad y conducta.

Consultado sobre el impacto que tendría la medida en los centros penitenciarios, Perea Marrufo sostuvo que la iniciativa contribuiría a disminuir la población interna, lo que podría reducir tensiones, riesgos y costos operativos. “Va a haber un desalojo un poco de los Cerezos y, bueno, la población penitenciaria se va a disminuir. Eso es lo previsto”, afirmó.

El funcionario consideró que el uso de brazaletes podría representar no solo una salida para enfrentar la sobrepoblación, sino también una vía para fortalecer la reinserción social, al permitir que algunos perfiles se reincorporen gradualmente a la comunidad bajo estrictos controles.

No obstante, la propuesta abre interrogantes sobre los recursos técnicos, el presupuesto requerido, los estándares de vigilancia, los protocolos de respuesta ante incumplimientos y la percepción social, aspectos que no han sido detallados públicamente.

La Secretaría de Seguridad adelantó que, una vez definidos los criterios jurídicos y operativos, se establecerán lineamientos para la posible implementación. Mientras tanto, el tema sigue en análisis dentro de la estrategia estatal para mejorar el sistema penitenciario y reducir problemas estructurales.