Fabiola Márquez
La administración estatal salió en defensa de las asambleas indígenas realizadas en Atlangatepec e Ixcotla. El coordinador de Comunicación del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, rechazó las acusaciones de discriminación promovidas por la abogada que representa a un grupo de inconformes y sostuvo que el proceso se desarrolló conforme a la ley.
El funcionario afirmó que las asambleas cumplieron con los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), al tratarse dijo de ejercicios libres, informados y precedidos por cerca de dos meses de capacitación. Además, puntualizó que la organización y conducción del procedimiento correspondieron a instancias del Gobierno Federal.
Martínez Velázquez aseguró que no existe una controversia real sobre la legalidad del proceso y calificó como infundadas las denuncias por presunta discriminación.
Reiteró que ninguna persona puede ser excluida o limitada en el ejercicio de sus derechos por motivos de origen, religión, identidad u orientación sexual.
No obstante, el vocero estatal elevó el tono al cuestionar la asesoría jurídica que reciben algunos habitantes inconformes. Consideró que existe una estrategia de desinformación que está impulsando recursos legales sin bases sólidas y que, lejos de resolver el conflicto, solo genera gastos para las comunidades.
Asimismo, sostuvo que corresponderá a la representación legal de los denunciantes acreditar las acusaciones que ha difundido públicamente, mientras que el Gobierno del Estado continuará defendiendo la voluntad expresada por los ciudadanos durante las asambleas comunitarias.
Finalmente, aseguró que las obras vinculadas con este proceso continúan sin contratiempos y reiteró que la administración estatal respaldará los acuerdos asentados en las actas de las asambleas, al considerar que representan la decisión mayoritaria de las comunidades participantes.
Con este posicionamiento, el Gobierno de Tlaxcala deja claro que mantendrá su respaldo al proceso y que serán las instancias jurisdiccionales las encargadas de resolver las impugnaciones promovidas por los inconformes, mientras la administración insiste en que las asambleas se realizaron conforme a derecho.
