La diputada morenista Ana Bertha Mastranzo Corona fijó postura en contra de los hechos ocurridos en San Pablo del Monte, donde señaló presuntos abusos policiales y omisiones del Ayuntamiento encabezado por Ana Lucía Arce Luna que habrían vulnerado los derechos de la ciudadanía.
La legisladora hizo referencia al operativo del pasado sábado 7 de noviembre, cuando elementos de seguridad municipal desalojaron a integrantes del denominado «Tianguis Juvenil», en una acción que, de acuerdo con sus señalamientos, estuvo marcada por el uso excesivo de la fuerza.
Ante estos hechos, llamó a la administración municipal a evitar actos de represión y privilegiar el diálogo para resolver la problemática relacionada con el uso de los espacios públicos, mediante la aplicación de las disposiciones legales correspondientes.
Mastranzo Corona enfatizó que la mayoría de las personas retiradas mediante el operativo eran jóvenes que buscaban una oportunidad para trabajar y obtener ingresos económicos, por lo que consideró que sus derechos humanos, laborales y a la integridad personal fueron vulnerados.
«Los jóvenes que buscan una oportunidad para trabajar y obtener ingresos merecen ser escuchados. El derecho al trabajo, la dignidad y la integridad de las personas no pueden quedar subordinados a decisiones administrativas ni operativos policiales», expresó.
Por otra parte, la diputada manifestó su preocupación por los presuntos cobros excesivos que elementos policiales exigirían para devolver placas vehiculares, pues aseguró que, de acuerdo con denuncias ciudadanas, las cantidades alcanzan hasta los mil pesos.
Consideró que estas prácticas podrían constituir actos irregulares y arbitrarios, además de lamentar que la inconformidad ciudadana por dichos cobros derivara en un conato de confrontación entre habitantes y elementos de seguridad municipal el pasado 9 de noviembre.
«Quiero ser muy enfática, el orden público no se construye con intimidación, los reglamentos no se hacen cumplir mediante abusos y la autoridad no se legitima por la fuerza, sino por el respeto a la ley», apuntó.
Ante este escenario, Mastranzo Corona hizo un llamado a la alcaldesa Ana Lucía Arce Luna para que su administración investigue los acontecimientos del 7 y 9 de noviembre, deslinde responsabilidades por los presuntos abusos y revise el actuar de los elementos de seguridad municipal.
Asimismo, exigió que el Ayuntamiento informe públicamente si los cobros por la devolución de placas corresponden a una tarifa oficialmente autorizada, además de exigir la devolución de las mismas a los propietarios afectados.
