Fabiola Márquez
El secretario de Educación Pública de Tlaxcala, Homero Meneses Hernández, reaccionó a los recientes hechos violentos que involucraron a estudiantes en la entidad asegurando que “la violencia no nace en las escuelas”, sino en los entornos sociales y familiares.
Sin embargo, sus declaraciones también abrieron debate sobre el papel de las instituciones y la falta de estrategias preventivas eficaces frente al creciente clima de inseguridad que afecta a niñas, niños y adolescentes en el estado.
Meneses afirmó que las escuelas son “parte de la solución”, no del origen del problema, y que su función es enseñar a los estudiantes a resolver conflictos mediante el diálogo.
No obstante, esta postura ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de deslindar responsabilidades, en un momento donde padres de familia, docentes y estudiantes reclaman una intervención más sólida y coordinada del sector educativo.
El funcionario habló tras la muerte de un adolescente en San Andrés Ahuashuatepec, hallado en un pastizal. El dictamen preliminar de la Fiscalía señala que la causa del fallecimiento fue asfixia y que no hubo participación de terceros, lo que apunta a un posible suicidio. El incendio que calcinó parcialmente el cuerpo habría ocurrido después, al prenderse el pastizal.
A pesar de esta versión, familiares y vecinos anunciaron nuevas movilizaciones para exigir claridad y justicia. Meneses reconoció su derecho a protestar, pero criticó que en una manifestación previa se intentara agredir a autoridades educativas:
“Lo que no está en su derecho es violentar a las instituciones”, señaló, subrayando que este tipo de reacciones reflejan cómo la violencia también surge de adultos que “no saben controlar sus emociones”.
La postura del secretario, sin embargo, dejó abierta una discusión mayor: ¿Qué está haciendo el Estado para acompañar a las escuelas y familias en la prevención de la violencia?
Hasta ahora, las acciones oficiales han sido limitadas a pronunciamientos, llamados a la calma y exhortos a la convivencia pacífica, mientras que en las comunidades persiste la percepción de abandono y falta de atención real a los problemas socioemocionales de los estudiantes.
Para especialistas en educación y seguridad consultados en otros espacios, el discurso de trasladar la responsabilidad a las familias resulta incompleto sin una estrategia sólida:
No hay suficientes psicólogos escolares.
No existe un modelo estatal integral de atención a crisis emocionales.
Los docentes carecen de capacitación obligatoria en manejo de conflictos.
Y la coordinación entre escuelas, Fiscalía y seguridad pública sigue siendo débil.
A pesar de esto, Meneses insistió en que la prioridad es enseñar a la sociedad a manejar sus emociones y a participar en la resolución pacífica de conflictos. Pero evitó profundizar sobre qué acciones concretas implementará la SEPE-USET para evitar que hechos como los registrados esta semana sigan repitiéndose.
Finalmente, Mientras tanto, Tlaxcala enfrenta un escenario donde la violencia entre jóvenes se vuelve más visible, las instituciones reaccionan tarde y la ciudadanía entre dolor, hartazgo y desconfianza exige respuestas más profundas que simples llamados al diálogo.
