Aldo Romero.

El centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Social A.C., presentó una denuncia ante el Tribunal Latinoamericano, debido a que los gobiernos de Tlaxcala y Puebla, no han comenzado las acciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó en el mes de marzo del año 2017, para el saneamiento de la cuenca Atoyac-Zahuapan. En dicha recomendación emitida por la CNDH, se llamó a conformar a un grupo interinstitucional para elaborar un plan integral de saneamiento que incluyera a las organizaciones de la sociedad civil.

Es por eso que al cumplirse un año del vencimiento del plazo que la Comisión de Derechos Humanos otorgó a las instituciones recomendadas: La Comisión Nacional del Agua, la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría General de Protección al Ambiente, la comisión federal para la comisión contra riesgos sanitarios, a los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala, así como a los municipios de Huejotzingo (Puebla), Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla (Tlaxcala), para crear el grupo interinstitucional del cual surgirían los acuerdos de saneamiento y al no ser elaborado algún plan para detener la contaminación del río Zahuapan, el centro Fray Julián Gracés, presento dicha denuncia.

Además, exponen que las “supuestas” acciones que los gobiernos demandados dicen haber comenzado, se están ejecutando de manera aislada, unilateral y sin consenso interinstitucional y social, lo cual representa una simulación, que no atiende a las recomendaciones puestas por la CNDH y a las que organizaciones civiles que pidieron, se incluyera, un plan comunitario de saneamiento.

La asociación civil, hizo un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y criticaron su falta de acción ante el caso: “esta nueva simulación, supone nuevas y aún más graves violaciones a nuestros derechos humanos. Pero en esta ocasión, ante la falta de voluntad de la CNDH para a hacer, comparecer o denunciar a las autoridades recomendadas por el incumplimiento de la recomendación 10/2017 y su incapacidad para organizarse institucionalmente, para iniciar la reparación de un daño social y ambiental que ya es catastrófico”, señalan.

Ante la falta de pronunciamiento por parte de la CNDH, el personal del Centro Fray Julián Garcés declaró que “es una prueba fehaciente de la debilidad estructural del Sistema Nacional de Protección y Garantía de los Derechos Humanos en México, esto debido a las miles de familias que se han visto afectadas de salud (cáncer o insuficiencia renal) por el contacto o la ingesta de agua contaminada por culpa de empresas que laboran en Puebla y Tlaxcala.

Esta es la segunda ocasión en que se denuncia la contaminación de la cuenca Atoyac-Zahuapan ante el Tribunal Latinoamericano del Agua. En 2006, la sentencia emitida por el tribunal fue favorable para las comunidades, sin embargo, fue ignorada por las autoridades mexicanas. En esta ocasión, se le pide al Tribunal Latinoamericano, que se haga público su pronunciamiento, la forma en que se están violentando los derechos humanos de las personas afectadas, en cuanto a salud, alimentación, el acceso a la información y a la justicia, se refieren.

El caso de la Cuenca Atoyac-Zahuapan será presentado ante el jurado del Tribunal Latinoamericano el día miércoles 24 de octubre a las 12:00 hrs y el veredicto del jurado se hará público el día viernes 26 de octubre.