- Ya informó el pasado martes sobre el avance en el cumplimiento de la misma: Cordero.
Isabel Miranda
El Tribunal Superior de Justicia del Estado aceptó la recomendación 40/2017 que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Cndh), misma que ha ido cumpliendo conforme los procedimientos dispuestos, de los que el pasado 7 de noviembre informó documentalmente al organismo nacional autónomo, informó la presidenta Tsje, Elsa Cordero Martínez.
La recomendación fue enviada el 15 de septiembre de 2017 por el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, cuyo origen fue la violación al derecho de audiencia de la quejosa, la juez María Esther Juanita Munguía Herrera
En una conferencia de prensa en las instalaciones de Ciudad Judicial, la presidenta del Poder Judicial de Tlaxcala dio a conocer que temas como la divulgación pública de la información respecto a la recomendación ya tuvo efecto los días 3, 4 y 6 de noviembre, además de que el Consejo de la Judicatura nombró a su secretario ejecutivo, José Juan Gilberto León Escamilla, como el enlace con la CNDH para dar seguimiento a la recomendación.
La recomendación que fue aceptada desde el 21 de septiembre, también dispuso que funcionarios del TSJE y del Consejo de la Judicatura tomen cursos referentes a los derechos humanos y a la no discriminación, los cuales ya fueron aprobados por el Comité Técnico del TSJE, los cuales se irán tomando en fechas establecidas.
Por lo que hace a la reparación integral del daño a la afectada, explicó que han solicitado a los expertos de las Comisiones de Víctimas, tanto estatal como nacional, su asesoría técnica para saber en cuánto puede traducirse la compensación económica y que el Poder Judicial pueda hacer el planteamiento definitivo para Munguía Herrera.
Fue en enero de 2015 que esa juez promovió una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), luego de que integrantes del Consejo de la Judicatura en ese entonces presidido por Tito Cervantes Zepeda, actual procurador de Tlaxcala, un 30 de mayo de 2014 acordaron suspenderla temporalmente de su empleo sin derecho a salario, pues se efectuaría una investigación sobre su actuar por presuntamente haber otorgado beneficios de preliberación a secuestradores.
