En Tlaxcala, casi alcanza la paridad de género el órgano garante de los derechos humanos

Georgina Ballesteros

En la entidad, el 53.1 por ciento de los servidores públicos, tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como de Organismos Públicos defensores de derechos humanos (OPDH), son hombres, y el 46.9 por ciento son mujeres; siendo solamente Ciudad de México (CDMX), el estado que más se acerca a esta paridad con el 49.3 por ciento de mujeres y el 50.7 por ciento de hombres.

Sin embargo, el reciente Censo Nacional de Derechos Humanos, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que en Tlaxcala, los órganos encargados de proteger los derechos de los ciudadanos, están próximos a alcanzar la paridad, es decir, que haya misma cantidad de servidores públicos tanto hombres como mujeres.

Sobre ambos extremos, tanto de hombres como mujeres, Zacatecas es la demarcación que menos hombres componen los OPDH con 32.1 por ciento, mientras en Sonora, solamente el 42 por ciento de funcionarios está compuesto por féminas.

Por otra parte, en promedio las visitadurías en Tlaxcala resuelven 23.6 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, bajo esta tónica, Puebla es la entidad con el mayor promedio a nivel nacional con 653.1, siendo que es de los estados con la menor distribución porcentual de servidores públicos con 0.8 por ciento.

En esta ocasión, en Tlaxcala existe el 1.4 por ciento de servidores adscritos del total nacional. Asimismo, por unidad administrativa, existen en promedio cerca de 5.1 de persona, similar a los promedios existentes en Sinaloa, Veracruz, Colima, Quintana Roo, Nayarit y Nuevo León.

A nivel nacional existen tres mil 922 servidores públicos integrando los Organismos de Protección de Derechos Humanos; se recibieron 45 mil 690 solicitudes de quejas en la CNDH y 172 mil 78 solicitudes en los Organismos Públicos de Protección de Derechos Humanos a nivel nacional, de las cuales el 30.3 por ciento fueron aceptadas, el 1.3 por ciento quedaron pendientes y el 68.3 por ciento quedaron pendientes en 2016.

 

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