Isabel Miranda

Después de haberse celebrado una falsa asamblea de dominio sobre el ejido San Luis Huamantla para convertirlo en propiedad privada, pone en evidencia una posible red de corrupción encabezada por el Notario Público Número 1 de la Demarcación de Juárez, con sede en Huamantla, Carlos Ixtlapale Pérez, quien en contubernio con magistrados y otras autoridades se han enriquecido a costa de la ignorancia de algunos y el abuso de poder.

Así ha quedado revelado en la lucha jurídica que lleva a cabo el ejidatario Rafael Cervantes, quien en defensa de dos parcelas de su propiedad, evidenció que a través de firmas falsas ya certificadas mediante un peritaje de grafoscopía, caligrafía y grafometría ejecutado por la PGR, el Notario avaló una supuesta asamblea de ejidatarios en octubre de 2002, con el objetivo de fraccionar para su venta 61 parcelas que en total representan 200 hectáreas colindantes con los servicios urbanos de la ciudad de los muéganos.

Con esa treta, declaró el afectado, Ixtlapale Pérez en colusión con Sergio Hernández Galindo y Juan Tomás Romero Saldaña, Presidente y Secretario del Ejido San Luis, compraron a “precios irrisorios” esas parcelas que a la fecha han vendido a precios muy altos, sobre todo en los últimos años con la llegada de AUDI al cercano municipio poblano de San José Chiapa, que promete detonar la plusvalía de la zona y de hecho ya existen áreas habitacionales y bodegas en esos terrenos.

Dijo que la falsa asamblea de 2002 fue justiciada con la participación de más de 950 ejidatarios de los mil 500 en total, pero eso era prácticamente imposible porque muchos propietarios ya habían muerto, otros no estaban en Huamantla e históricamente las asambleas nunca llegan a juntar a más de 250 personas, por lo que el servidor público actuó con dolo al emitir la escritura de propiedad privada de marzo de 2003.

Cervantes narró que tanto la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional (RAN) como el Tribunal Agrario Unitario número 33 con sede en Tlaxcala se coludieron, el primero porque acreditó un procedimiento viciado de origen, y el segundo porque sin justificación legal tardó tres años para radicar el juicio de protección de  tierras a cargo del interesado, hasta que se abrió la averiguación previa 23/2015, para anular la asamblea.

Explicó que la constancia de peritaje de la PGR salió en 2015 con el consentimiento de algunos ejidatarios, la cual exhibió que una muestra de firmas eran falsas, duplicadas o de personas inexistentes, por lo cual se abrió posteriormente otra averiguación previa, la 194/2017.

Pese a que con esa prueba era suficiente para echar abajo la asamblea y que el ejido regresara al estado en que se encontraba, “mañosamente” el Tribunal vino retardando descaradamente las cosas hasta que recién el 20 de febrero de 2018, la Magistrada Rosalía Hernández Cornejo le notificó al interesado que no ha lugar para solicitar la nulidad de los actos porque se trató de una asignación de tierras, lo cual fue refutado porque la solicitud de nulidad fue sobre una asamblea de dominio pleno, además de que en materia agraria su derecho a impugnar no prescribe.

Ante ello, Cervantes y su equipo de abogados decidieron recurrir por la vía civil al Tribunal Colegiado del 28 Circuito en Tlaxcala, para pedir que le exija a la Magistrada del Tribunal Agrario que funde su resolución sobre hechos constitutivos de delito y que están ordenados como evidencia a través del peritaje de la PGR como prueba contundente.

“Extrañamiento luego de que procedimos a esa acción legal, remueven a la Magistrada Rosalía Hernández y en eso nos encontramos, en que un nuevo ponente asuma la responsabilidad de dar resolución al caso. Queremos que la justicia civil y agraria nos dé la razón y se sancione al Notario Carlos Ixtlapale Pérez, quien es el cerebro de todo este entramado y quien se ha enriquecido durante años”.

“El peritaje de la PGR es prueba suficiente para echar abajo los actos notariales, si bien solo cinco ejidatarios aceptaron comparecer con sus firmas, con una sola que resulte falsa es motivo suficiente de anulación; sin embargo, en total mediante un peritaje particular, logramos demostrar que 475 de las 950 firmas resultaron dubitables o falsas. Con toda sinceridad, creo que ahora es el Tribunal Agrario Unitario el que encubre al Notario Ixtlapale”, enfatizó Rafael Cervantes.