Redacción

Líbano ya vivía una crisis social y política cuando este martes se registraron las explosiones en Beirut.

Antes del estallido, decenas de manifestantes intentaron tomar por asalto el Ministerio de Energía, furiosos por los prolongados apagones debido a los racionamientos de electricidad en el país.

Las fuerzas de seguridad rechazaron a los inconformes, al ahuyentar a algunos que lograron violar el perímetro de seguridad del ministerio.

Se produjeron peleas luego de que los participantes empujaron una barricada metálica y dijeron que planeaban establecer una protesta sentados frente al ministerio. Un participante declaró que liberarán al ministerio “de la corrupción”.

Apenas el lunes, el entonces ministro del Exterior del Líbano, Nassif Hitti, renunció al advertir que la falta de voluntad para implementar reformas amenaza con convertir al país en un “Estado fallido”.

Hitti es el primer ministro del gabinete en renunciar en medio de la crisis, la más severa desde la Guerra Civil de 15 años que culminó en 1990. Su renuncia asesta un duro golpe para el gobierno del primer ministro Hassan Diab, quien ha tratado de implementar reformas en medio de una aguda inflación, un desempleo en ascenso y severos índices de pobreza, aparte de la crisis ocasionada por la pandemia.

Horas después, Diab se reunió con el presidente Michel Aoun, y Charbel Wahbe, un asesor presidencial, fue nominado como canciller.

El experimentado diplomático se convirtió en canciller en enero al incorporarse al gobierno de Diab luego de la renuncia del primer ministro Saad Hariri bajo la presión de protestas callejeras.

En octubre de 2019, miles de libaneses salieron a las calles luego de que el Ejecutivo intentó introducir un impuesto a las llamadas telefónicas hechas a través de WhatsApp y otras aplicaciones. Luego, las consignas se extendieron contra la corrupción, el mal manejo de la economía y los deficientes servicios públicos.

Además, este viernes un tribunal apoyado por la ONU dará a conocer su veredicto en el proceso contra cuatro hombres acusados de haber participado en 2005 en el asesinato del exprimer ministro Rafic Hariri, padre de Saad.