REDACCION
La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) continúa con sus acciones contra los grupos del crimen organizado que operan en México y que trafican droga hacia Estados Unidos, pese a su áspera relación con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este lunes, la agencia dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos compartió un cartel con recompensas de hasta 20 millones de dólares para quien otorgue información que ayude a la localización de algunos de los líderes criminales más buscados.
Algunos de los criminales buscados son Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara; Ismael “Mayo” Zambada, fundador y actual líder del Cártel de Sinaloa; así como los hijos de Joaquíen “El Chapo” Guzmán, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán “Los Chapitos”, quienes se suman a su hermano Ovidio Guzmán, liberado por las autoridades mexicanas en 2019 tras un operativo fallido en 2019, y por quien la dependencia ofrece 5 millones de dólares.
La DEA lanzó esta campaña publicitaria ante señalamientos de falta de comunicación que existe con las autoridades mexicanas, esto por la fricción derivada de diferentes acontecimientos que involucran a servidores de alto nivel en pasadas administraciones, las cuales han generado, incluso, la expulsión de agentes estadounidenses de suelo nacional. Una fricción pública entre la agencia estadounidense y el gobierno de López Obrador ocurrió en octubre de 2020, cuando por órdenes de la DEA, autoridades de ese país detuvieron en Los Ángeles al exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos.
La detención de Cienfuegos se realizó mientras viajaba con su familia y fue informada al canciller Marcelo Ebrard después de haberse efectuado, lo que generó la primera molestia de la contraparte nacional, misma que en ese momento no informó que el exsecretario de Defensa era señalado de narcotráfico y lavado de dinero.
Bajo estas acusaciones, la Administración de Control de Drogas presentó a Cienfuegos ante un Tribunal Federal en Nueva York, pero poco menos de un mes después de su captura en Los Ángeles, los agentes de la DEA pidieron que se desestimaran las acusaciones contra el militar por “consideraciones sensibles e importantes de política exterior”.
La desestimación de los cargos, expusieron expertos y periodistas, fue por la presión del gobierno del presidente López Obrador, quien habría sido convencido por el actual secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, de la integridad del exfuncionario.
El gobierno mexicano prometió continuar con las pesquisas a través de la Fiscalía General de la República (FGR), pero tras dos meses de investigación, el 15 de enero, exoneró a Salvador Cienfuegos al considerar que el expediente entregado por la DEA, y en el que acusaba a Cienfuegos de nexos con el cártel del H2, no era sólido y no se le podían fincar responsabilidades a Cienfuegos.
