Alonso Camarillo
Este lunes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió la recomendación 99/2022 contra autoridades de Tlaxcala y Querétaro tras las irregularidades cometidas en 2019 luego de que el organismo garante recibió una queja por parte de una víctima de trata de personas.
Fue el pasado 5 de marzo de 2019 que una de las víctimas denunciaron que, tras estar 15 años desaparecida, su hija fue rescatada en el estado de Tlaxcala junto a sus tres hijos menores de edad; fue tras el rescate de la fémina que personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE), omitió la realización de exámenes ginecológicos y psicológicos.
Exámenes que, de acuerdo a la recomendación’ “eran necesarios para obtener elementos de prueba e indagar los actos de violencia sexial denunciados y, en su caso, otorgar a la agravada la atención especializada que requiriera, a pesar de ser una obligación expresa, lo que acredito una falta de debida negligencia para investigar los hechos denunciados por la víctima”.
Asimismo, señala que la PGJE incurrió en dilaciones injustificadas y omisiones al no solicitar la entrega de los informes a la policía de investigación y paso por alto datos enviados por la Fiscalía General de la República (FGR), vulnerando el derecho de la víctima.
“incurrieron en tardanza sin justificación, en la entrega de los informes respectivos (…) no se dio respuesta a las peticiones realizadas por la víctima, a través de sus asesores jurídicos, respecto del estatus y desarrollo de su procedimiento”, señala la CNDH sobre la PGJE de Tlaxcala, al igual que de la Fiscalía General del Estado de Querétaro la cual no dio a conocer a la víctima la resolución del No Ejercicio de la Acción Penal.
Otra de las omisiones cometidas por el personal ministerial de la PGJE expuso en una notificación a la FGEQ de forma explícita y sin reserva el nombre y la edad de las víctimas, vulnerando su derecho a la intimidad, integridad y la seguridad personal.
De esta manera y a pesar de que el caso ocurrió en la administración del ex gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y la titularidad de José Antonio Aquiahuatl Sánchez en la PGJE, la CNDH requirió a la gobernadora de Tlaxcala y a la FGEQ para que continúe con la debida integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación así como se practiquen las diligencias para el esclarecimiento de los hechos.
También solicitó se inscriba a las personas afectadas en el Registro Nacional de Víctimas en ambos estados, la reparación del daño y atención médica y psicológica, así como se les otorgue una compensación justa tras las omisiones cometidas en su contra.
