Claudia Orozco
Tras anunciarse el inicio del Programa de Verificación Vehicular Obligatorio en Tlaxcala, por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala (SMA), ciudadanos externaron su inconformidad al respecto.
Dicho programa busca reducir la emisión de contaminantes por vehículos en circulación, pero ha generado malestar entre la ciudadanía, quienes aseguran que las autoridades se centran más en las multas que en resolver problemas de infraestructura en el estado.
El programa refiere que los conductores que no cumplan con la verificación vehicular en tiempo y forma se enfrentarán a una multa de mil 85.70 pesos si la infracción ocurre dentro de los 30 días posteriores al vencimiento del plazo, y de dos mil 171.40 pesos el retraso es mayor a un mes.
Sin embargo, muchos habitantes se muestran inconformes al considerar que, mientras se exige el cumplimiento de esta obligación, las condiciones de las calles y carreteras en el estado siguen siendo deficientes.
“Con calles y carreteras destruidas, parece que les preocupa más la emisión de contaminantes que las condiciones en las que circulamos. Esto no es más que un negocio para los políticos y sus allegados,” expresó un ciudadano, quien también cuestionó la falta de medidas para mejorar la infraestructura vial.
Además, se planteó la necesidad de que, en lugar de enfocar los esfuerzos en multas, las autoridades exijan que las fábricas en Tlaxcala cuenten con plantas tratadoras de agua para evitar la contaminación del recurso hídrico.
La molestia también se extiende a la falta de acciones concretas sobre el estado de las carreteras y la infraestructura vial. “¿Cuándo será obligatorio tener vías carreteras en óptimas condiciones? No basta con el refrendo, necesitamos que las autoridades también se enfoquen en resolver problemas de fondo,” añadieron los ciudadanos.
El programa de verificación vehicular, aunque bien intencionado en términos medioambientales, ha puesto de manifiesto la creciente frustración de los tlaxcaltecas, quienes exigen una mejora integral en los servicios públicos y la infraestructura que afecta directamente su calidad de vida.
