Fabiola Márquez El conflicto familiar registrado en Totolac, que involucró a una menor de edad y se viralizó en redes sociales, abrió cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades, el comportamiento de los adultos involucrados y la exposición pública de una niña que debió mantenerse al margen de cualquier disputa. El caso también evidenció cómo un asunto familiar terminó convertido en escenario de confrontaciones y protagonismos.
Entre los señalamientos difundidos aparece una mujer que presuntamente sería elemento activo de la Policía Municipal de Tlaxcala capital. En videos se le atribuyen expresiones en las que habría asegurado contar con respaldo y advertido que no podían intimidarla entrando a su domicilio. De confirmarse su pertenencia a la corporación y esas declaraciones, las autoridades municipales tendrían que aclarar si revisarán su conducta y si utilizó su cargo como argumento en un conflicto particular.
En la controversia también intervino Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, quien difundió videos, cuestionó a las autoridades y exigió explicaciones al procurador. Aunque celebró que la menor regresara con su madre, su participación también genera cuestionamientos, pues no tiene facultades para resolver disputas de custodia. Además, su exposición ocurre en medio de referencias a posibles aspiraciones políticas rumbo a 2027, particularmente a la presidencia municipal de Tlaxcala capital.
Uno de los aspectos más delicados es la posible revictimización de la niña. La difusión de videos, acusaciones y versiones encontradas pudo vulnerar su privacidad y convertir una situación familiar en contenido de consumo público. Incluso quienes aseguran defender sus derechos deben preguntarse si sus intervenciones realmente la protegen o contribuyen a exponerla todavía más.
Por su parte, el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado informó que, en coordinación con el Gobierno Municipal de Totolac, mediante el Instituto Municipal de la Mujer, brindó atención y acompañamiento a la familia. En el procedimiento participaron una juez de lo Familiar, personal del Ministerio Público, la Comisión de Derechos Humanos, el DIF Estatal y corporaciones de seguridad, entre otras instancias.
De acuerdo con el comunicado oficial, se estableció que la guardia y cuidado de la menor quedaran a cargo de su madre, mientras que el padre conservaría un régimen de convivencia y asumiría una obligación de manutención económica. Las autoridades señalaron que los acuerdos se alcanzaron conforme a derecho y privilegiando el interés superior de la niñez.
Aunque la intervención permitió establecer acuerdos, quedan preguntas sobre la oportunidad de la atención y la exposición pública del caso: ¿por qué tuvo que viralizarse para que se conociera una respuesta institucional? ¿Quién protegió la privacidad de la niña mientras los adultos difundían sus versiones? La menor no debe convertirse en instrumento de protagonismo político, confrontaciones personales ni espectáculo en redes sociales; sus derechos deben estar por encima de cualquier interés particular.
