Señalan omisión de ayuntamientos en acciones de inclusión y accesibilidad

Aldo Romero

La Diputada morenista, Gabriela Hernández Islas, denunció que los ayuntamientos de Tlaxcala han sido omisos en el cumplimiento de diversas disposiciones a la Ley de Movilidad y de Personas con Discapacidad para garantizar el derecho a la inclusión y a la accesibilidad.

Hernández Islas, detalló que los gobiernos municipales incumplen con determinar espacios destinados para la ubicación de estacionamiento, ascenso y descenso exclusivo de personas con discapacidad o con movilidad limitada, en lugares preferentes y de fácil acceso a los edificios o espacios públicos.

Asimismo, mencionó que además de la omisiones y atropellos a los derechos humanos, los ayuntamientos están contraviniendo la Norma Oifcial Mexicana NOM-233-SSA1-2003 la cual establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en estacionamientos.

La legisladora lamentó que en Tlaxcala, la gran mayoría de espacios destinados a personas con discapacidad y/o movilidad reducida no sólo no cumplen con los lineamientos básicos de accesibilidad fijados en la Norma Oficial Mexicana y en normativa estatal, sino que además no son respetados por personas que no presentan ningún tipo de discapacidad, haciendo uso indebido de estos espacios lo cual demuestra falta de cultura vial pero también falta de respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad.

En ese sentido, presentó su iniciativa de exhortó a las autoridades municipales para dar cumplimiento cabal a sus obligaciones legales que se establecen en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y la Ley para Personas con Discapacidad del Estado de Tlaxcala y destinen, o en su caso incrementen la cantidad de espacios de estacionamientos para personas con discapacidad y/o movilidad limitada, teniendo como mínimo 5 espacios tratándose de espacios públicos y 3 en estacionamientos autorizados.

En dicho exhortó, la Diputada propuso que se impongan sanciones a las personas que, sin contar con discapacidad o movilidad reducida, hagan uso de dichos espacios exclusivos. De igual forma, busca sancionar a los llamados «estacionamientos autorizados» de particulares y abiertos al público que no cumplan con la asignación de los espacios dirigidos a personas con discapacidad o con movilidad reducida.