Fabiola Márquez
El Gobierno del Estado de Tlaxcala defendió la actuación de las fuerzas de seguridad durante el desalojo registrado en el Arco Norte, al asegurar que se trató de un operativo “exitoso”, ejecutado bajo principios de legalidad, sin detenciones y con un uso “proporcional de la fuerza”.
Durante diálogos circulares , el vocero estatal, Antonio Martínez Velázquez, sostuvo que la intervención respondió a la necesidad urgente de restablecer la movilidad en una de las arterias más importantes del centro del país. Destacó que, tras el retiro del bloqueo, se normalizó la circulación tanto en el Arco Norte como en la autopista México–Veracruz, vialidades estratégicas para el transporte de mercancías y el tránsito regional.
El funcionario enfatizó que no hubo persecución ni criminalización de los manifestantes, y subrayó que el despliegue de elementos de seguridad se realizó conforme a los protocolos establecidos, priorizando en todo momento el respeto a los derechos humanos. “Se actuó con responsabilidad, buscando un equilibrio entre el derecho a la libre manifestación y la necesidad de garantizar el libre tránsito de miles de usuarios afectados”, indicó.
Asimismo, el gobierno estatal argumentó que el bloqueo ya generaba impactos económicos y logísticos relevantes, afectando cadenas de suministro, transporte de bienes y la movilidad de la ciudadanía. En este sentido, defendió que la intervención fue necesaria para preservar el orden público en un contexto de creciente presión social.
No obstante, este posicionamiento contrasta con las denuncias de organizaciones campesinas, las cuales acusan que durante el operativo se registraron actos de represión. A través de distintos pronunciamientos, los inconformes señalaron que la respuesta de las autoridades fue desproporcionada y que sus demandas han sido ignoradas, lo que los llevó a radicalizar sus acciones.
Incluso, hicieron un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervenga en el conflicto y se establezcan mesas de diálogo que permitan atender sus exigencias de fondo. Advirtieron que, de no existir canales efectivos de negociación, continuarán con movilizaciones, lo que podría reactivar la tensión en la región.
Mientras tanto, el Gobierno de Tlaxcala mantiene su postura: asegura que el operativo se desarrolló dentro del marco legal, sin excesos, y con el objetivo de proteger tanto a la ciudadanía como la estabilidad en una de las zonas clave para la conectividad del país.
