Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas negaron que los mandatarios estatales Alfonso Durazo y Américo Villarreal sean objeto de investigaciones por parte de autoridades de Estados Unidos, luego de versiones periodísticas que los vincularon con presuntas indagatorias relacionadas con el crimen organizado y la supuesta revocación de sus visas.
Ambas administraciones estatales calificaron la información como especulativa y sin sustento documental.
Funcionarios de comunicación social señalaron que no existe evidencia oficial que respalde los señalamientos difundidos y afirmaron que hasta el momento no han recibido notificaciones de autoridades estadounidenses sobre algún procedimiento en contra de los gobernadores.
La polémica surgió después de que medios internacionales publicaran reportes en los que se mencionaba que Estados Unidos investigaría a ambos mandatarios por presuntos vínculos con actividades ilícitas.
Las publicaciones también aseguraban que se habrían tomado medidas migratorias en su contra, situación que fue rechazada por los gobiernos estatales involucrados.
En medio de la controversia, el tema escaló al ámbito nacional y generó reacciones desde distintos sectores políticos.
Mientras continúan las versiones encontradas sobre el caso, las administraciones de Sonora y Tamaulipas insistieron en que cualquier acusación debe sustentarse con pruebas y no con información basada en fuentes anónimas o filtraciones sin confirmación oficial.
