A cinco años de haber sido detenida y privada de su libertad, la médica cirujana tlaxcalteca Sandra N. permanece recluida en el Centro de Reinserción Social Femenil de Zacatecas sin que exista una sentencia en su contra, pese a que peritajes y organismos de derechos humanos han documentado que fue víctima de tortura y tortura sexual durante su captura
.“He tratado de agotar todos los recursos que tengo para mostrar que realmente soy inocente”, expresó Sandra desde el penal donde enfrenta un proceso por el presunto delito de secuestro agravado.
Sandra, de 39 años de edad fue detenida el 25 de agosto de 2020 cuando viajaba en automóvil junto con su entonces pareja que agentes de la Policía de Investigación la sometieron a agresiones físicas y psicológicas.
De acuerdo con Sandra N., los agentes que resultarían elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala la obligaron a subir al asiento trasero de su vehículo, la amenazaron de muerte, golpeándola y cubriendola para impedirle conocer el lugar al que era trasladada.
Tras su detención, inició un proceso penal en Tlaxcala por el delito de extorsión, el cual pudo enfrentar en libertad. Sin embargo, al obtener la libertad condicional fue reaprehendida en cumplimiento de una orden emitida por un juez de control de Zacatecas, que la vinculó a proceso por secuestro agravado.
Posteriormente, en junio de 2022 peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas elaboraron un dictamen médico y psicológico basado en el Protocolo de Estambul, en el que concluyeron que existían elementos suficientes para acreditar que Sandra fue víctima de tortura por parte de policías de investigación de Tlaxcala.
A ello se sumó la Recomendación 06/2023 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, (CEDHT) documento en el que se acreditaron violaciones a sus derechos humanos durante el proceso de detención.
Pese a estos antecedentes, Sandra continúa privada de la libertad mientras enfrenta un juicio que apenas entró en su etapa oral el pasado 28 de mayo.
Durante las audiencias, la defensa ha sostenido que la Fiscalía no ha logrado presentar pruebas suficientes para demostrar su responsabilidad en los hechos que se le imputan.
Ante la inminencia de una resolución judicial, familiares, personas defensoras de derechos humanos y diversas organizaciones civiles han exigido al Poder Judicial de Zacatecas analizar el caso con perspectiva de género y evitando la revictimización de Sandra como sobreviviente de tortura y tortura sexual.
