El llamado lorenismo parece enfrentar un problema de credibilidad dentro de Morena en Tlaxcala. Desde la llegada de Lorena Cuéllar Cisneros al gobierno estatal, las disputas por el control político del movimiento han dejado al descubierto las tensiones entre quienes respaldan al grupo gobernante y quienes buscan que el partido responda a una estructura nacional, más allá de los intereses locales.
El problema no radica únicamente en las diferencias internas, sino en la percepción de que el grupo político de la gobernadora pretende conservar influencia sobre las decisiones del partido y sus futuras candidaturas, incluidas las presidencias municipales y las diputaciones locales. Una dinámica que, de mantenerse, podría convertir a Morena en un espacio de cuotas y lealtades, en lugar de un movimiento con reglas claras y decisiones democráticas.
En este escenario, el reconocimiento político de Ana Lilia Rivera Rivera, designada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) como coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, se ha convertido en una prueba para la dirigencia estatal. La falta de señales claras de respaldo desde el entorno gobernante alimenta las interrogantes sobre si existe disposición para aceptar una determinación tomada por la dirigencia nacional.
La situación tampoco surgió de la noche a la mañana. Durante la administración de Cuéllar Cisneros, las diferencias entre los grupos morenistas han exhibido una disputa constante por los espacios de poder. Ahora, con el horizonte electoral de 2027 cada vez más presente, la confrontación amenaza con trasladarse a la selección de perfiles y a la definición de quién tendrá la última palabra sobre el futuro político del estado.
La intervención del CEN de Morena representa, en ese sentido, un intento por poner orden y evitar que las diferencias locales se conviertan en un conflicto mayor. El mensaje de fondo es que ninguna estructura estatal puede asumirse como propietaria del partido ni actuar como si las decisiones nacionales fueran opcionales cuando no favorecen sus intereses.
Pero el desgaste podría tener consecuencias más allá de Morena. Si las pugnas continúan y la ciudadanía percibe que la prioridad es preservar el control político antes que atender las demandas sociales, la oposición podría encontrar una oportunidad para capitalizar el descontento rumbo a 2027. No sería una victoria automática para sus adversarios, pero sí una ventaja derivada de los errores y divisiones del partido gobernante.
En medio de este escenario, Ana Lilia Rivera aparece como uno de los principales contrapesos políticos frente al lorenismo y como una figura con capacidad para disputar la conducción del movimiento en Tlaxcala. Su designación por el CEN constituye un factor relevante para la próxima contienda; la incógnita es si Morena estatal aceptará esa nueva correlación de fuerzas o seguirá atrapado en una disputa donde el poder parece pesar más que la unidad. Porque, rumbo a 2027, el mayor riesgo para Morena no necesariamente está en la oposición, sino en su propia incapacidad para resolver quién manda y bajo qué reglas.
