Fabiola Márquez
La presidenta del organismo estatal de derechos humanos, , anunció que la Comisión instalará módulos de atención y desplegará personal para acompañar y observar la marcha del 8 de marzo en Tlaxcala, con el objetivo según dijo de garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres que participen en la movilización.
De acuerdo con la ombudsperson, el organismo recibirá quejas en tiempo real, documentará posibles actos de abuso de autoridad o uso indebido de la fuerza y ofrecerá orientación jurídica inmediata. El personal estará debidamente identificado y actuará bajo protocolos con perspectiva de género.
En el discurso, la medida apunta a brindar certeza y protección. En la práctica, la presencia institucional durante el 8M también responde a la presión social que cada año coloca bajo la lupa a las autoridades estatales y a los propios organismos autónomos.
Porque la discusión de fondo no es si habrá módulos ese día, sino qué ha ocurrido con las recomendaciones emitidas en años anteriores. Los colectivos feministas han señalado reiteradamente que la observación y la documentación son pasos importantes, pero insuficientes si no derivan en sanciones, cambios estructurales o reparación del daño.
El 8M no es una fecha conmemorativa más; es una jornada de exigencia frente a la violencia feminicida, la desaparición de mujeres, la impunidad y la revictimización institucional. En ese contexto, el papel de la Comisión de Derechos Humanos no puede limitarse a levantar actas y elaborar informes.
Ordoñez Brasdefer sostuvo que la institución actuará con imparcialidad y respeto a la libre manifestación, recordando que protestar es un derecho constitucional. Sin embargo, la ciudadanía y particularmente los colectivos evalúan la actuación de la Comisión no por su presencia en eventos públicos, sino por su capacidad de incidir cuando las autoridades incumplen.
La credibilidad del organismo depende de algo más que la logística del 8 de marzo. Depende de que las recomendaciones no queden archivadas, de que los llamados a la autoridad no se diluyan en la formalidad y de que las víctimas encuentren en la Comisión un respaldo real y no solo simbólico.
Así, mientras la presidenta promete vigilancia y acompañamiento, la exigencia social es más profunda: que la defensa de los derechos humanos no sea reactiva ni protocolaria, sino firme, constante y efectiva. Porque si el 8M vuelve a evidenciar los pendientes acumulados, ningún módulo será suficiente para contener el reclamo de justicia que cada año crece en las calles.
