Activistas advierten por simulación e incongruencias en el programa de ordenamiento territorial de Tlaxcala capital

Aldo Romero

Activistas advirtieron por diversas irregularidades detectadas en el Programa Municipal de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del municipio de Tlaxcala, el cual, sin contar con una perspectiva sociambiental y sin consulta abierta y transparente a las comunidades, pone en riesgo áreas verdes y fomenta urbanización desmedida.

Mencionaron que dicho programa representa todo lo contrario a una herramienta para proteger todo el territorio, sobre todo, en tiempos de incertidumbre climática y cuyo propósito debería ser la organización del suelo de manera equilibrada, cuidando tanto el bienestar de las personas como la integridad de los ecosistemas.

Advirtieron que el programa pretende urbanizar la capital por encima de la protección ambiental; reducir la conservación de espacios que proveen servicios vitales para la ciudadanía y demás formas de vida; además de que ignora impactos directos en la salud pública y en el patrimonio cultural e informa sin sustento claro, errores técnicos y falta de mecanismos efectivos para regular el uso de suelo

Señalaron que contradicción «preocupante», pues mientras el diagnóstico del programa reconoce una crisis ambiental y de salud, las propuestas de uso de suelo avanzan en sentido contrario.

“Por eso estamos aquí, como habitantes de este municipio, como tlaxcaltecas preocupados y alarmados en cómo se está llevando a cabo este proceso desde la simulación y la opacidad, que, de aprobarse en estos términos, se abriría puerta a la urbanización de zonas clave para el equilibrio ecológico del municipio”, expresaron.

Las y los activistas mencionaron que el programa es una amenaza directa que afecta a la ciudadanía y a la fauna. En ese sentido aseguraron que es responsabilidad de las autoridades esclarecer, corregir y garantizar que cualquier instrumento de planeación esté verdaderamente orientado hacia la accesibilidad y el bienestar colectivo, y no solamente para responder a intereses económicos o partidistas.

En ese sentido y bajo la premisa de que el territorio no es un recurso para explotar ilimitadamente, sino un bien común que debe ser protegido, exigieron la revisión integral y transparente del programa de ordenamiento territorial; la congruencia entre el diagnóstico ambiental y las propuestas de uso de suelo; la protección de zonas de recarga hídrica, cuerpos de agua y áreas naturales, la inclusión efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones y la  garantía al derecho a la salud integral, a un medio ambiente sano y a la ciudad digna

“En caso de que las solicitudes de la ciudadanía no se tomen en cuenta, como comunidades rechazaremos este ejercicio que pareciera busca sostenerse de la simulación y por lo tanto no se reconocerá”, apuntaron.