Fabiola Márquez
El coordinador de Comunicación del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, aseguró que no existe ningún procedimiento penal relacionado con las percepciones económicas de servidores públicos y explicó que la legislación establece una diferencia entre los ingresos obtenidos por el desempeño de un cargo público y aquellos derivados de actividades privadas.
Durante sus declaraciones, precisó que las remuneraciones que reciben los funcionarios por sus responsabilidades dentro de la administración estatal se encuentran dentro de los límites establecidos por la ley, por lo que no existe un rebase al salario permitido.
Martínez Velázquez señaló que en el caso del secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, sus ingresos contemplan tanto su función como servidor público como su actividad profesional privada en el ámbito médico, las cuales corresponden a conceptos distintos.
Explicó que los recursos obtenidos por actividades particulares no forman parte del salario que recibe como funcionario, aunque deben ser informados de manera transparente mediante la declaración patrimonial y de intereses correspondiente.El funcionario estatal indicó que la normativa permite que los servidores públicos puedan contar con ingresos adicionales, siempre y cuando estos sean legales, estén debidamente reportados y no representen un conflicto con sus responsabilidades dentro de la administración pública.
Asimismo, descartó que exista actualmente alguna investigación penal relacionada con este tema y sostuvo que no hay elementos que indiquen alguna irregularidad en las percepciones señaladas.
Finalmente, reiteró que el Gobierno del Estado mantiene el compromiso de transparentar el ejercicio público y que cualquier ingreso privado de los funcionarios debe apegarse a los mecanismos de declaración establecidos por la ley.
