Fabiola Márquez
Lo ocurrido recientemente en el centro de Chiautempan, donde un operador de la empresa USU fue exhibido resolviendo sus diferencias personales en la vía pública, no sería un hecho aislado, sino parte de una conducta que ya se ha repetido en al menos dos ocasiones con operadores del transporte público, quienes han protagonizado escenas frente a los propios usuarios que viajan en las unidades.
La situación ha generado molestia entre ciudadanos, ya que los pasajeros no solo tienen que soportar el mal servicio, las prisas por el pasaje o las malas condiciones de algunas unidades, sino también presenciar discusiones, pleitos o conflictos personales entre operadores mientras se encuentran trabajando, lo que pone en riesgo la seguridad de quienes viajan en el transporte público.
Lo que más llama la atención es que, cada vez que se cuestiona a concesionarios o empresas transportistas, el discurso siempre es el mismo: que brindan un buen servicio, que los operadores están capacitados y que cumplen con las normas. Sin embargo, este tipo de escenas reflejan una realidad distinta, donde algunos operadores actúan sin control, sin supervisión y sin consecuencias visibles.
De acuerdo con usuarios del transporte público, al menos dos operadores de combis han protagonizado este tipo de situaciones recientemente, ya sea discutiendo en la vía pública, bajándose de la unidad para confrontarse o generando conflictos mientras los pasajeros esperan o van a bordo. Aunque no son todos los choferes, estos casos evidencian la falta de control y de protocolos por parte de algunas empresas transportistas.
El problema no solo es la conducta de uno o dos operadores, sino la falta de postura de las empresas, que rara vez emiten pronunciamientos, sanciones públicas o medidas para evitar que estas situaciones se repitan. El silencio empresarial termina enviando un mensaje equivocado: que no pasa nada y que todo puede seguir igual.
Esto también vuelve a poner en el centro del debate la supervisión del transporte público en el estado, pues se trata de un servicio concesionado y las autoridades deben garantizar que los operadores cumplan con normas de conducta, seguridad y atención al usuario.
Porque mientras los transportistas aseguran que brindan un buen servicio, los usuarios viven otra realidad todos los días: prisas, competencia por el pasaje, discusiones entre choferes y escenas que no deberían ocurrir en un servicio público.
La diferencia entre el discurso y la realidad cada vez es más evidente, y los usuarios son quienes terminan pagando las consecuencias.
