Fabiola Márquez
Recordemos la polémica generada en meses pasados en Yauhquemehcan, cuando regidurías del Ayuntamiento denunciaron públicamente obstrucción en el ejercicio de su cargo dentro de la administración encabezada por el presidente municipal David Vega Terrazas.
Lo que en un principio fue minimizado como simples diferencias políticas terminó escalando a los tribunales. El caso llegó al Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), que resolvió acreditar violencia política en contra de integrantes del Cabildo al considerar que existieron limitaciones indebidas en el desempeño de sus funciones.
La sentencia dejó al descubierto una realidad incómoda: un Cabildo fracturado, dividido por tensiones internas que fueron más allá del debate político.
Regidores inconformes señalaron falta de información oportuna, exclusión en decisiones relevantes y obstáculos para participar plenamente en sesiones y acuerdos.
En cualquier Ayuntamiento, el Cabildo es el espacio donde convergen voces distintas para construir consensos. Sin embargo, en este caso la pluralidad derivó en confrontación.
La resolución del TET no solo tuvo implicaciones jurídicas, sino que evidenció una dinámica interna marcada por la desconfianza y el desgaste político.
La fractura se tradujo en sesiones tensas, posicionamientos públicos y un ambiente de constante señalamiento. Mientras un bloque respaldaba la conducción del alcalde, otro insistía en que se vulneraban sus derechos político electorales.
El escenario se volvió aún más complejo al coincidir con otros conflictos sociales en el municipio. La disputa por la administración del panteón en la comunidad de San José Tetel generó inconformidades vecinales y tensiones que pusieron a prueba la capacidad de mediación del gobierno local.
Asimismo, las diferencias territoriales con municipios colindantes añadieron un componente adicional de incertidumbre administrativa.
La suma de controversias alimentó la percepción de un gobierno bajo presión constante.Cuando un Tribunal acredita violencia política dentro de un Cabildo, el mensaje es contundente: la institucionalidad requiere ajustes urgentes.
Más allá de cumplir formalmente con la sentencia, el desafío de fondo para la administración municipal es reconstruir la confianza interna y garantizar condiciones equitativas para todos los integrantes del Ayuntamiento.
La polémica de meses pasados no fue un episodio aislado, sino un parteaguas que exhibió las fisuras en la conducción política del municipio. Hoy, la estabilidad y la gobernabilidad dependen de la capacidad para dejar atrás la confrontación y privilegiar el diálogo.
Porque cuando las divisiones internas llegan a los tribunales, la crisis deja de ser política y se convierte en institucional.
