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Exigen sanciones reales contra servidores públicos por provocar daño patrimonial

Aldo Romero Los integrantes de la Unidad de las Izquierdas señalaron que la fiscalización de los recursos públicos correspondiente al ejercicio fiscal 2025 debe venir acompañada de sanciones y acciones penales en contra de los servidores públicos que no realizaron una correcta aplicación de los recursos públicos. Mencionaron que el manejo discrecional de los recursos públicos no es producto de errores técnicos sino de lo que denominaron es: “un síntoma estructural” de privilegios e indolencia burocrática. Informaron que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) arrastra un acumulado histórico que supera las 250 denuncias por presuntas anomalías financieras y daño patrimonial que alcanzan a municipios, poderes e instituciones. Lamentaron que, en un estado como Tlaxcala donde existen diversas carencias, el daño patrimonial alcance los 135 millones de pesos, razón por la que exigieron acción institucional y un alto a la simulación a fin de que se presenten las denuncias correspondientes en contra de los servidores públicos que quebrantaron las finanzas públicas. “La Fiscalía General de Justicia y el Tribunal de Justicia Administrativa no pueden seguir escudándose en la incompetencia o en la opacidad procesal… para combatir la corrupción no basta con publicar pliegos de observaciones si al final el dinero del pueblo se esfuma en la impunidad y la complicidad del silencio”, apuntaron.

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