Fabiola Márquez. Familiares de personas privadas de la libertad y ciudadanos que aseguraron estar preocupados por las condiciones al interior del Centro de Reinserción Social Femenil del Estado de Tlaxcala, solicitaron la intervención inmediata de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para investigar una serie de presuntas irregularidades y valorar la permanencia de la titular del penal.
Mediante un escrito dirigido al Gobierno del Estado, los inconformes señalaron que, dentro del centro penitenciario, existirían posibles abusos de autoridad, negligencia institucional, afectaciones a los derechos humanos y otras presuntas anomalías en el desempeño de la administración del Cereso.
En el documento también hacen referencia al Reglamento Interior del Centro de Reinserción Social Femenil y solicitan que se revise el cumplimiento de los requisitos para ocupar la titularidad del centro. Asimismo, mencionan la existencia de antecedentes públicos relacionados con una sentencia por el delito de homicidio culposo en contra de la actual directora, un señalamiento que forma parte de la denuncia presentada por los familiares y que no ha sido confirmado por las autoridades competentes.
Los promoventes también denunciaron el presunto uso de tarjetas informativas como mecanismo de presión hacia las personas privadas de la libertad, posibles represalias que afectarían sus expedientes penitenciarios, así como deficiencias en la atención médica y psiquiátrica al interior del centro. Entre las principales preocupaciones, señalaron la supuesta suspensión e irregularidad en el suministro de medicamentos psiquiátricos, además de retrasos en la atención de emergencias médicas.
Como parte de los hechos expuestos, los familiares afirmaron que el 26 de octubre de 2025, una persona privada de la libertad presuntamente intentó quitarse la vida mediante ahorcamiento dentro del penal y que, pese a la gravedad del caso, fue trasladada al Hospital Regional varias horas después.
A su consideración, este hecho refleja presuntas deficiencias en los protocolos de atención y protección de las internas.
En su escrito sostienen que los hechos denunciados serían incompatibles con los principios de respeto a los derechos humanos, legalidad, reinserción social y protección de la integridad de las personas privadas de la libertad, establecidos en el Artículo 18 de la Constitución y en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Por ello, solicitaron revisar la permanencia de la directora, investigar el cumplimiento de los requisitos legales para ocupar el cargo, esclarecer los presuntos abusos y garantizar atención médica y psiquiátrica adecuada, así como protección para las internas y los familiares denunciantes.
Los familiares informaron que la queja fue presentada desde el 19 de mayo de 2026 ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, y que también entregaron el documento al despacho de la gobernadora.
Aseguraron que, hasta el momento, no han recibido una respuesta oficial, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades estatales y la difusión del caso por parte de los medios de comunicación.
Al cierre de esta edición, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la dirección del Cereso Femenil no habían emitido una postura sobre los señalamientos contenidos en el escrito.
