Directora de la primaria es señalada por la comunidad de presuntamente ordenar el derribo.
La comunidad de Atlahapa, en Tlaxcala, vive indignación y tensión social tras la presunta tala ilegal de al menos 15 árboles centenarios al interior de la primaria Domingo Arenas, un caso que vecinos, ambientalistas y parte de la comunidad escolar ya califican como un posible ecocidio protegido por omisiones institucionales.
La principal señalada es la directora Lourdes Justina Maldonado Morales, quien presuntamente habría autorizado de manera unilateral el derribo de sabinos y pinos con más de cien años de antigüedad, especies consideradas de alto valor ecológico y algunas bajo protección ambiental.
De acuerdo con versiones cercanas al caso, la tala se realizó sin contar con permisos vigentes ni consulta formal ante autoridades ambientales como la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (Propaet).
Documentos presentados por la dirección escolar y el Comité de Padres de Familia presuntamente habrían perdido vigencia desde 2025, situación que podría convertir el procedimiento en un acto ilegal.
Aunque públicamente la directora sostuvo que existían autorizaciones y que todo se realizó conforme a la ley, habitantes comenzaron a descubrir que los árboles ya estaban siendo transformados en tablas, polines y rajuelas mientras la comunidad permanecía sin información oficial.
Aunque públicamente la directora sostuvo que existían autorizaciones y que todo se realizó conforme a la ley, habitantes comenzaron a descubrir que los árboles ya estaban siendo transformados en tablas, polines y rajuelas mientras la comunidad permanecía sin información oficial.
La molestia creció rápidamente debido a que el espacio afectado no es considerado únicamente parte de la escuela, sino un patrimonio ambiental y comunitario de Atlahapa.
Vecinos acusaron que las decisiones fueron tomadas a puerta cerrada y sin consenso de padres de familia de ambos turnos escolares.La polémica aumentó cuando comenzó el retiro de la madera.
Habitantes denunciaron movimientos irregulares de tablones y restos de árboles, algunos de los cuales presuntamente terminaron almacenados en propiedades particulares.
Ante ello, integrantes del colectivo ambientalista Patos Verdes al Rescate realizaron guardias nocturnas junto con pobladores para impedir que continuara la tala. Incluso las campanas del pueblo fueron utilizadas como señal de alerta mientras las clases eran suspendidas por la tensión social generada.
Mientras el caso escalaba, Jorge Lozada Guevara, director de Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación Pública del Estado, salió públicamente a justificar el derribo de los árboles argumentando riesgos para la seguridad escolar, postura que habitantes interpretaron como un intento de respaldo político hacia la directora.
Fuentes cercanas a la investigación señalan que Lourdes Justina Maldonado Morales habría estado en riesgo de enfrentar cargos por presunto ecocidio, delito que podría alcanzar penas de tres a cinco años de prisión y multas cercanas a los 200 mil pesos. Sin embargo, hasta ahora no existe información pública sobre sanciones o procesos legales concretos.
Inspectores de Propaet y personal educativo acudieron posteriormente a un domicilio señalado por vecinos como el sitio donde fue almacenada parte de la madera.
En el lugar se localizaron rajuelas, tablas, polines y restos de troncos ya aserrados.Para ambientalistas y ciudadanos, el caso refleja posibles irregularidades administrativas, falta de transparencia y una profunda desconexión entre autoridades educativas y la comunidad.
A un mes de los hechos, vecinos y colectivos continúan exigiendo que el caso no quede impune. La demanda es clara: transparentar los permisos utilizados, esclarecer el destino de la madera y proceder legalmente contra quienes autorizaron y ejecutaron la tala de especies protegidas.
Para Atlahapa, el daño ambiental ya está hecho. Los árboles que durante generaciones dieron identidad, sombra e historia al pueblo fueron derribados en cuestión de horas.Para Atlahapa, el daño ambiental ya está hecho.
Los árboles que durante generaciones dieron identidad, sombra e historia al pueblo fueron derribados en cuestión de horas.
Ahora, la comunidad exige justicia, con un especial llamado a la gobernadora, al presidente municipal de Tlaxcala capital y a las autoridades educativas para que que el presunto ecocidio no sea archivado.
