La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atendió una deuda histórica para las y los trabajadores del campo: declaró constitucional la obligación de los patrones de otorgarles habitación digna, alimentación y algo elemental: agua.
“Las personas trabajadoras del campo suelen encontrarse expuestas a condiciones de pobreza, aislamiento y exclusión, que las colocan en una situación de particular vulnerabilidad y que, por ello, demandan una protección reforzada por parte del Estado”, explicó la ministra presidenta Loretta Ortiz Ahlf.
Logro histórico para trabajadores del campo
Por unanimidad, el Pleno negó amparar a empresas de Sonora que impugnaron fracciones de los artículos 283 y 284 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales garantizan estos derechos.
Los demandantes argumentaron que representaban una carga excesiva, ya que realizan aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). La Corte consideró que se trata de obligaciones distintas.
“La dignidad en el trabajo en el campo no puede limitarse al reconocimiento formal de derechos; exige, además, condiciones reales que permitan a las personas trabajadoras y a sus familias desarrollar un proyecto de vida digno”, argumentó Arístides Guerrero.
Por su parte, la ministra Lenia Batres Guadarrama expuso datos que ilustran la realidad de las personas que cultivan los alimentos que llegan a la mesa de millones de mexicanos.
“Existen alrededor de 3.4 millones de personas que laboran en actividades del campo, de las cuales más del 80% se encuentran en la informalidad; su escolaridad promedio apenas alcanza el sexto grado de primaria y la media de edad supera los 49 años”, compartió.
Evolución laboral necesaria
También, el ministro de la SCJN, Irving Espinosa Betanzo, recordó que las demandas de los trabajadores del campo fueron uno de los detonantes de la Revolución Mexicana y que muchas de esas condiciones no han cambiado demasiado hasta nuestros días.
