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SSC destaca resultados del protocolo antilinchamientos; suman 34 intentos atendidos desde su implementación

Fabiola Márquez

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) Alberto Martín Perea Marrufo aseguró que el protocolo antilinchamientos ha dado resultados positivos, al informar que desde su implementación se han atendido 34 intentos de linchamiento, en la mayoría de los cuales fue posible rescatar con vida a las personas retenidas por la población.

El secretario explicó que únicamente en dos casos las personas retenidas fallecieron, por lo que sostuvo que el protocolo ha permitido evitar que la mayoría de estos hechos escalen a consecuencias fatales.

Al referirse al caso ocurrido recientemente en San Pablo del Monte, donde un hombre murió tras ser rescatado por las autoridades y posteriormente trasladado a la Fiscalía, el funcionario señaló que aún no existe certeza sobre el momento exacto en que recibió las lesiones que provocaron su fallecimiento.

Precisó que, de acuerdo con los dictámenes periciales, la muerte estaría relacionada con golpes; sin embargo, indicó que todavía se investiga si éstos fueron ocasionados durante la retención por parte de pobladores o si ocurrieron antes de que la persona fuera asegurada.

Asimismo, explicó que al momento de ser rescatado, el hombre fue sometido a una certificación médica y, según la información disponible, no presentó una condición que hiciera prever su fallecimiento, por lo que será la necropsia y las investigaciones de la Fiscalía las que determinen las causas precisas de la muerte.

Marrufo Perea de la SSC insistió en que uno de los principales retos continúa siendo fortalecer la cultura de la denuncia, ya que con frecuencia, después de un intento de linchamiento, los ciudadanos no presentan denuncias formales contra los presuntos responsables de los delitos que les atribuyen, lo que dificulta integrar carpetas de investigación sólidas.

Finalmente, reiteró el llamado a la población para evitar hacer justicia por propia mano y confiar en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, al señalar que las investigaciones y la responsabilidad penal deben ser determinadas por el Ministerio Público y los tribunales competentes.

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