Lizeth Cuahutle
El estado de Tlaxcala figura entre las entidades donde presuntamente se distribuyó material médico caducado utilizado en procedimientos de hemodinamia, de acuerdo con una investigación periodística y denuncias presentadas ante autoridades federales contra la empresa Suministros Médicos de México (SUMED).
Las acusaciones, señalan que la empresa poblana habría comercializado insumos médicos vencidos a hospitales públicos y privados de varios estados, entre ellos Tlaxcala, Oaxaca, San Luis Potosí y Chihuahua.
El caso ya es investigado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Órgano Interno de Control del IMSS-Bienestar, luego de la presentación de denuncias formales por presuntos delitos contra la salud y posibles responsabilidades administrativas.
De acuerdo con la publicación, entre las evidencias entregadas a las autoridades se encuentran fotografías de catéteres, guías, introductores y otros dispositivos médicos con fechas de caducidad vencidas desde 2023, además de audios de reuniones internas de la empresa y testimonios de una fuente protegida.
La investigación también sostiene que algunos de estos insumos habrían sido utilizados en procedimientos realizados a menores de edad, incluyendo un bebé de 10 meses y un niño de ocho años, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado de manera oficial estos señalamientos ni el número de pacientes que pudieran haber sido afectados.
Según las denuncias, directivos de SUMED habrían justificado el uso de material vencido argumentando que algunos médicos lo solicitaban para completar procedimientos ante la falta de insumos disponibles, asegurando además que existían autorizaciones firmadas por personal médico.
El expediente administrativo abierto por el Órgano Interno de Control del IMSS-Bienestar también contempla la posible responsabilidad de servidores públicos por presuntas irregularidades en la recepción y utilización del material.
Hasta el momento, IMSS-Bienestar Tlaxcala no ha emitido un posicionamiento oficial sobre los señalamientos, ni ha informado si se realizan revisiones internas en hospitales del estado para verificar la existencia o uso de material médico con fecha de caducidad vencida.
De confirmarse los hechos, el caso podría derivar en sanciones administrativas, penales y sanitarias, además de representar un posible riesgo para la seguridad de los pacientes atendidos en instituciones públicas de salud.
