Fabiola Márquez
Pese a reconocer la creciente crisis de salud mental que enfrentan niñas, niños y adolescentes en el estado, la Secretaría de Educación Pública del estado de Tlaxcala (SEPE) anunció la creación de brigadas de atención emergente, una estrategia que, de acuerdo con las propias cifras oficiales, resulta limitada frente a la magnitud del problema.
El secretario de Educación Pública, Homero Meneses Hernández, informó que se conformarán ocho brigadas, cada una integrada por 50 personas, entre trabajadoras y trabajadores sociales y licenciadas y licenciados en Derecho. Sin embargo, admitió que solo 40 profesionales se encuentran actualmente en proceso de contratación, lo que desde el inicio reduce la capacidad operativa del programa.
A ello se suma que el personal aún deberá pasar por un proceso de capacitación durante todo el mes de febrero, por lo que la estrategia no entraría en operación sino hasta marzo o abril, pese a que las autoridades han reconocido que la atención en salud mental es urgente y no admite demoras.
El propio titular de la SEPE reconoció que las brigadas estarán lejos de cubrir la demanda existente, al señalar que el programa pretende atender a cerca de 300 mil estudiantes, de los cuales 242 mil pertenecen a educación básica y 60 mil a educación media superior. Con este universo de población, el número de brigadas y personal resulta claramente insuficiente, lo que obliga a priorizar únicamente casos considerados “emergentes”, dejando fuera una atención preventiva y permanente.
La estrategia se apoyará en 38 clínicas de emociones municipales y dos estatales, infraestructura que también ha sido cuestionada por especialistas debido a su capacidad limitada, desigual funcionamiento y falta de personal especializado. Aunque se anunció la apertura de una clínica regional adicional, el propio secretario hizo un llamado a los ayuntamientos para que instalen clínicas en cada municipio, lo que evidencia que la cobertura total aún depende de la voluntad y recursos de los gobiernos municipales.
Otro de los puntos críticos es el presupuesto asignado, ya que para todo el programa se destinarán solo dos millones de pesos, monto que deberá cubrir la compra de vehículos, la capacitación y el pago de honorarios de los profesionales. La cifra resulta reducida si se considera el número de brigadas, el personal involucrado y la dimensión del problema que se pretende atender.
En este contexto, Meneses Hernández confirmó que se solicitó a la gobernadora del estado la autorización de una compra directa emergente de ocho vehículos, con el argumento de evitar los retrasos que implicaría esperar los procesos de adquisición consolidados. No obstante, esta decisión abre el debate sobre la planeación tardía del programa, así como sobre los mecanismos de transparencia en la adquisición de bienes bajo esquemas de excepción.
De acuerdo con la información oficial, las brigadas intervendrán a partir de llamadas de auxilio, acudirán a las escuelas, brindarán atención durante periodos que pueden ir de tres a quince días, y posteriormente canalizarán los casos a las clínicas de emociones. Sin embargo, no se precisó qué ocurrirá con los casos que requieran seguimiento a largo plazo, ni cómo se evitará la saturación de las clínicas existentes.
Aunque el anuncio reconoce la gravedad del deterioro emocional en el entorno escolar, el programa presentado por la SEPE deja en evidencia una respuesta reactiva, limitada en recursos y con una cobertura insuficiente, que difícilmente podrá atender de fondo una problemática que afecta a cientos de miles de estudiantes en Tlaxcala.
Mientras tanto, la salud mental de niñas, niños y adolescentes continúa dependiendo de estrategias emergentes, apoyos municipales inciertos y presupuestos reducidos, en un contexto donde la prevención y la atención integral siguen siendo una deuda pendiente del sistema educativo estatal.
