La llegada de Arturo De Casa Vega a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SAET) abrió cuestionamientos sobre el cumplimiento de los requisitos legales para ocupar el cargo, debido a sus antecedentes políticos y su cercanía con el grupo del alcalde capitalino, Alfonso Sánchez García, identificado con Morena.
Su nombramiento se concretó durante la Tercera Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno del Sistema Anticorrupción, en la que se analizó la terna de aspirantes y se realizó la votación correspondiente, como parte de la convocatoria pública y abierta de 2026.
De Casa Vega cuenta con trayectoria en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIPTLAX), donde fue designado comisionado por la LXIV Legislatura del Congreso local en diciembre de 2023 y posteriormente asumió la presidencia del organismo en enero de 2025.
En el terreno político, también ha mostrado cercanía con el grupo que encabeza Alfonso Sánchez García y participó en movimientos internos de Morena rumbo al proceso electoral de 2027. Estos antecedentes adquieren relevancia frente a las restricciones establecidas en la legislación para quien aspire a ocupar la Secretaría Técnica del Sistema Anticorrupción.
El artículo 35, fracción IX, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala establece como requisito no haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político durante los dos años anteriores a la emisión de la convocatoria. La disposición también contempla restricciones relacionadas con el desempeño de cargos de dirección partidista durante ese periodo.
Si bien la cercanía política y la participación en actividades partidistas no acreditan por sí mismas una afiliación formal ni demuestran un incumplimiento legal, sí dejan abierta una pregunta sobre el proceso de selección: ¿cómo se verificó que Arturo De Casa Vega cumpliera con esta condición?
Para esclarecerlo será necesario conocer la fecha de emisión de la convocatoria, la documentación presentada por el aspirante y las constancias que tomó en cuenta el Órgano de Gobierno para validar su elegibilidad antes de aprobar la designación.
El nombramiento coloca así al Sistema Anticorrupción ante la necesidad de transparentar los criterios utilizados para elegir a su nuevo secretario técnico, particularmente porque se trata de una institución cuya responsabilidad es contribuir a la prevención y combate de la corrupción. La acreditación pública de los requisitos legales será clave para despejar los cuestionamientos sobre la llegada de Arturo De Casa Vega al organismo.
