Fabiola Márquez
La magistrada Maricruz Cortés Ornelas, actualmente vinculada al ámbito jurisdiccional, ha puesto sobre la mesa su intención de dar el salto hacia el terreno administrativo electoral al buscar un espacio como consejera del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala.
Sin embargo, su aspiración no ha pasado desapercibida y ya genera cuestionamientos sobre la pertinencia de su perfil.Durante su desempeño como magistrada, Ornelas ha estado enfocada en la resolución de controversias legales, una labor que, si bien es relevante dentro del sistema de justicia, dista en varios aspectos de las funciones que implica formar parte del INE.
Su trabajo ha consistido principalmente en analizar expedientes, emitir resoluciones y aplicar criterios jurídicos en casos concretos, lo que configura un perfil técnico en materia judicial, pero no necesariamente en la operación electoral.
Este contraste es precisamente el punto que ha encendido el debate. Criticos señalan que ser magistrada no equivale a tener experiencia en la organización de elecciones.
Mientras que en el ámbito jurisdiccional se actúa una vez que los conflictos ya existen, en el INE la responsabilidad radica en prevenirlos, organizar procesos desde cero, capacitar funcionarios, garantizar la instalación de casillas y supervisar cada etapa del proceso electoral.
En este contexto, la aspiración de Cortés Ornelas de convertirse en consejera electoral ha sido vista por algunos sectores como un intento de trasladar una carrera jurídica hacia un espacio que demanda otro tipo de especialización.
La crítica no es menor: se cuestiona si su experiencia como magistrada es suficiente para asumir decisiones que impactan directamente en la certeza y legitimidad de las elecciones en Tlaxcala.
Por lo que el consejo local del Instituto Nacional Electoral puede que la exigencia ciudadana sea con transparencia, la imparcialidad y la capacidad técnica no son opcionales, sino requisitos indispensables en un entorno político cada vez más competido.
Para el caso de Maricruz Cortés refleja un problema más amplio: la delgada línea entre la experiencia jurídica y la experiencia electoral. Si bien ambas pueden complementarse, no son equivalentes.
La falta de trayectoria directa en procesos electorales podría traducirse en una curva de aprendizaje que el propio sistema democrático no puede darse el lujo de asumir.
Así, su paso como magistrada, lejos de ser una garantía automática de idoneidad, se convierte en el centro de la discusión pública. ¿Es suficiente con tener experiencia en tribunales para dirigir decisiones clave en materia electoral?
La respuesta, para muchos, sigue siendo no.
El proceso de selección definirá si su perfil logra imponerse o si prevalece la exigencia de contar con perfiles especializados.
Lo cierto es que su aspiración ya abrió un debate necesario sobre quiénes deben ocupar los espacios encargados de organizar y vigilar las elecciones en Tlaxcala.
