En el marco de la conmemoración del Día del Migrante, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDH), Jakelin Ordóñez Brasdefer, reiteró la importancia de garantizar los derechos humanos de las personas migrantes.
Sin embargo, más allá del posicionamiento institucional, la realidad en el estado evidencia rezagos importantes, particularmente en espacios clave como la Casa Migrante de Apizaco.Durante su intervención, la ombudsperson insistió en que la migración debe ser atendida con un enfoque humanitario, en el que prevalezcan la dignidad, la seguridad y el acceso a la justicia.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para fortalecer políticas públicas que atiendan tanto las causas de la migración como las condiciones en las que las personas transitan por el territorio tlaxcalteca.
No obstante, el discurso volvió a centrarse en generalidades.
No se anunciaron nuevas estrategias, presupuestos específicos ni mecanismos de evaluación que permitan medir avances reales en la protección de este sector vulnerable.
En ese sentido, la conmemoración se percibe más como un acto protocolario que como un punto de inflexión en la política pública estatal.
En entrevista , Ordóñez Brasdefer abordó uno de los temas más sensibles: la situación de la Casa Migrante de Apizaco.
Cuestionada sobre las condiciones en las que opera este espacio, reconoció que existen limitaciones y áreas de oportunidad, especialmente en lo que respecta a la coordinación entre instituciones y al fortalecimiento de los servicios que se brindan a las personas migrantes.Sin embargo, su respuesta evitó profundizar en posibles omisiones o fallas estructurales.
La titular de la CEDH se limitó a señalar que el organismo ha realizado acompañamientos, observaciones y algunas gestiones, sin detallar resultados concretos ni acciones correctivas que hayan derivado en mejoras sustanciales.
La Casa Migrante de Apizaco, considerada un punto de apoyo fundamental para quienes cruzan por Tlaxcala, enfrenta desde hace tiempo retos relacionados con capacidad, recursos y atención integral. Organizaciones civiles y actores locales han señalado en distintas ocasiones la necesidad de mayor respaldo institucional, así como de una intervención más decidida por parte de las autoridades.
En este contexto, el papel de la CEDH resulta clave, no solo como ente observador, sino como una institución que debería ejercer presión efectiva para garantizar condiciones dignas.
No obstante, la postura mostrada por su presidenta deja ver una actuación más reactiva que proactiva, en la que se privilegia el acompañamiento discursivo por encima de acciones contundentes.
A esto se suma un problema de fondo: la falta de articulación entre dependencias y la ausencia de una política integral que coloque a las personas migrantes en el centro de la agenda pública.
Mientras tanto, quienes transitan por el estado continúan enfrentando riesgos, carencias y, en muchos casos, indiferencia institucional.
Así, la conmemoración del Día del Migrante en Tlaxcala pone en evidencia una constante: el contraste entre lo que se dice y lo que realmente ocurre.
Las palabras de Jakelin Ordóñez Brasdefer apelan a principios fundamentales, pero no logran disipar las dudas sobre la efectividad de las acciones emprendidas hasta ahora.Más allá de los discursos, la exigencia es clara: pasar de las declaraciones a los hechos.
La situación de la Casa Migrante de Apizaco es solo un ejemplo de los múltiples desafíos que persisten, y también una oportunidad para demostrar si existe voluntad real de atenderlos.
Por ahora, la deuda institucional con las personas migrantes sigue abierta, y las conmemoraciones, sin acciones concretas, corren el riesgo de quedarse únicamente en lo simbólico.
