El diputado local Emilio de la Peña Aponte defendió la reforma electoral aprobada por el Congreso de Tlaxcala y minimizó los cuestionamientos por los cambios realizados a la propuesta original, particularmente por la eliminación de disposiciones que buscaban reforzar los controles y la representación de distintos sectores en los procesos electorales.
De la Peña sostuvo que la reforma surgió de un ejercicio ciudadano e interinstitucional en el que participaron diversos sectores, instituciones, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y medios de comunicación. Sin embargo, el resultado final dejó fuera algunas de las propuestas que habían sido planteadas durante ese proceso, situación que ha generado dudas sobre qué tanto de esas aportaciones terminó realmente incorporado al nuevo marco electoral.
Uno de los puntos más cuestionados es la eliminación de la paridad sustantiva en la integración de los ayuntamientos. Aunque el diputado aseguró que la paridad está garantizada desde la etapa de postulación de candidaturas, la explicación deja abierta la discusión sobre si esa medida es suficiente para asegurar que los gobiernos municipales queden efectivamente integrados de manera paritaria.
También defendió que las acciones afirmativas continúen dependiendo de los acuerdos que emita el ITE, en lugar de quedar establecidas de manera más precisa en la legislación. El argumento cobra relevancia porque se trata de mecanismos destinados a garantizar espacios para grupos que históricamente han enfrentado obstáculos para acceder a cargos de elección popular.
Otro de los cambios que genera cuestionamientos es la eliminación de requisitos como la carta de antecedentes no penales y la constancia de no deudor alimentario para el registro de candidaturas. De la Peña sostuvo que será la ciudadanía la encargada de revisar la trayectoria de quienes aspiren a un cargo, aunque trasladar esa responsabilidad al electorado no necesariamente sustituye los filtros legales que pueden existir antes de que una persona aparezca en una boleta.
El legislador rechazó que la reforma haya sido aprobada “al vapor” y destacó que se cumplió con el plazo legal para su aprobación y publicación. No obstante, el antecedente de reformas electorales anteriores que han enfrentado cuestionamientos jurídicos mantiene vigente la exigencia de que el nuevo ordenamiento no sólo sea aprobado dentro de los tiempos establecidos, sino que también resista una eventual revisión constitucional.
De la Peña reconoció finalmente que la legislación electoral es perfectible y que podrían presentarse nuevas modificaciones. La declaración deja abierta una interrogante: si algunos de los temas más controvertidos tendrán que corregirse después, ¿por qué no fueron incorporados desde ahora en una reforma que precisamente buscaba actualizar las reglas antes del próximo proceso electoral?
