Lizeth Cuahutle
La vinculación a proceso de tres presuntos integrantes del grupo conocido como “Los Carvente”, señalados por su presunta participación en delitos de extorsión, cobro de piso, amenazas y agresiones contra comerciantes del tianguis de Zacatelco, volvió a evidenciar el clima de inseguridad que durante meses denunciaron comerciantes y habitantes del municipio.
De acuerdo con la resolución judicial, los imputados enfrentarán un proceso penal luego de que un juez determinara que existen elementos suficientes para continuar con la investigación por diversos hechos denunciados por comerciantes de la región.
Las investigaciones también los relacionan con el presunto despojo de espacios comerciales y agresiones contra adultos mayores que obtenían su sustento en el tianguis, una situación que, según las denuncias presentadas, generó temor entre vendedores y afectó la actividad comercial.
Aunque la resolución judicial representa un avance para las víctimas, el caso también ha intensificado las críticas hacia la estrategia de seguridad implementada por el Ayuntamiento de Zacatelco.Comerciantes y habitantes cuestionan que, pese a las denuncias realizadas durante un largo periodo, la respuesta institucional no haya sido suficiente para impedir que los hechos continuaran. A su consideración, las acciones preventivas fueron limitadas y la intervención de las autoridades llegó cuando el problema ya había escalado al ámbito judicial.
En este contexto, la administración del presidente municipal, José Miguel Acatzi Luna, enfrenta una creciente exigencia ciudadana para explicar qué acciones se implementaron para atender las denuncias y por qué los comerciantes afirman haber permanecido durante tanto tiempo bajo un ambiente de amenazas e intimidación.
Para diversos sectores, este caso debe representar un punto de inflexión para la política de seguridad del municipio. Señalan que la ciudadanía espera más que operativos esporádicos y comunicados oficiales; exige resultados permanentes, vigilancia efectiva y una respuesta inmediata ante cualquier denuncia relacionada con la comisión de delitos.
Mientras el proceso penal sigue su curso, la expectativa de comerciantes y habitantes no se limita a que los presuntos responsables enfrenten a la justicia. También demandan que el gobierno municipal fortalezca su estrategia de seguridad, recupere la confianza de la población y garantice que ninguna persona tenga que trabajar nuevamente bajo el temor de presuntas extorsiones, amenazas o agresiones.
