Los nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias para radio y televisión ya se encuentran vigentes tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con lo que se establecen nuevas obligaciones para medios concesionados, programadores y medios públicos.
Durante su elaboración se realizó una consulta pública en la que fueron recibidos y analizados diversos comentarios, lo que permitió modificar algunas disposiciones que habían generado dudas sobre una posible intervención gubernamental o censura.
El coordinador de Comunicación, Antonio Martínez Velázquez, explicó que los derechos de las audiencias están reconocidos desde hace más de una década en el artículo sexto de la Constitución y en la legislación federal en materia de telecomunicaciones.
Precisó que los nuevos lineamientos establecen principalmente los procedimientos mediante los cuales los ciudadanos podrán presentar quejas cuando consideren que algún contenido es engañoso, constituye publicidad encubierta, carece de pluralidad o vulnera sus derechos.
Uno de los principales cambios consiste en que las estaciones de radio y televisión deberán contar con defensorías de las audiencias, cuyos titulares serán designados por los propios medios de comunicación y no por el Gobierno.
También deberán contar con códigos de ética, elaborados por cada empresa o institución, que servirán como referencia para atender las inconformidades de los usuarios y establecer mecanismos para su resolución.
La disposición aplicará tanto a medios públicos como a concesionarios privados, por lo que radiodifusoras y televisoras deberán cumplir con los procedimientos de registro correspondientes ante las autoridades reguladoras.
Durante el encuentro también se planteó que estos mecanismos pueden servir como referencia para medios digitales e impresos, ante los retos que representa la desinformación y el creciente uso de herramientas de inteligencia artificial para la generación y difusión de contenidos.
En Tlaxcala, se destacó la importancia de que las audiencias conozcan y ejerzan sus derechos frente a posibles casos de desinformación, discriminación o falta de pluralidad en los contenidos que consumen.
La defensa de las audiencias, se sostuvo, no debe entenderse como un mecanismo de censura, sino como una vía para que los ciudadanos puedan presentar inconformidades cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados por contenidos difundidos en radio y televisión.
