Fabiola Márquez
Ángeles Dariela Reyes Frayre, madre del menor José Matías N., denunció públicamente presuntas irregularidades, omisiones y posibles actos de encubrimiento tras la muerte de su hijo de 15 años de edad, ocurrida el pasado 4 de febrero de 2026 al interior de una empacadora de zacate ubicada en el barrio San Nicolás La Cueva, en el municipio de San Damián Texóloc, Tlaxcala.
La mujer señaló entre lágrimas que desde el fallecimiento de su hijo no ha recibido el acompañamiento adecuado por parte de las autoridades ministeriales, pues asegura que la carpeta de investigación avanza lentamente y, además, le han negado copias certificadas del expediente, situación que afirma la mantiene en incertidumbre y sin acceso pleno al proceso legal.
Asimismo, denunció presuntas inconsistencias tanto en el actuar de elementos de la policía municipal de Texóloc como en la integración de la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía. Según expuso, dentro de los primeros reportes y documentos oficiales existirían datos equivocados y versiones contradictorias sobre cómo ocurrieron los hechos, situación que, asegura, ha complicado el esclarecimiento del caso.
Ángeles Dariela Reyes Frayre sostuvo que algunas actuaciones realizadas tras el accidente no habrían seguido el debido procedimiento, además de señalar que la investigación presenta omisiones importantes y falta de claridad en diversos puntos relacionados con el fallecimiento de su hijo. Por ello, exigió que el caso sea revisado de manera transparente y con apego a derecho.
De acuerdo con su testimonio, José Matías N. habría acudido a trabajar bajo el argumento de que únicamente realizaría labores de riego en campos agrícolas; sin embargo, terminó desempeñando actividades consideradas de riesgo dentro de la empacadora, específicamente relacionadas con maquinaria utilizada para fabricar pacas de zacate, pese a no contar con experiencia y tener apenas una semana laborando en el lugar.
La mujer señaló directamente al propietario de la empacadora, identificado como Andrés Tepa, asegurando que hasta el momento no ha recibido apoyo ni respuestas claras por parte de los responsables del negocio. Incluso afirmó que constantemente la hacen esperar afuera de domicilios particulares y evitan responder llamadas o mensajes relacionados con el caso.
Asimismo, denunció que posee audios y grabaciones en las que presuntamente personas relacionadas con la empresa ofrecen dinero a trabajadores para que no declaren o “no hablen de más” sobre lo ocurrido el día del accidente. Según explicó, dichas evidencias pretenden ser integradas ante las autoridades correspondientes como parte de la investigación.
Otro de los señalamientos realizados por Ángeles Dariela Reyes Frayre involucra a una abogada identificada como Nancy, quien presuntamente la habría inducido a firmar documentos sin explicarle el contenido real. La afectada aseguró que creyó estar firmando papeles necesarios para recuperar el cuerpo de su hijo; sin embargo, posteriormente descubrió que se trataba de documentos donde aparentemente deslindaba de responsabilidades a los involucrados y renunciaba a ejercer acciones legales.
La madre también denunció la difusión indebida de imágenes del cuerpo de su hijo tomadas presuntamente por policías que acudieron al lugar de los hechos. Señaló que dichas fotografías fueron utilizadas para editar videos y compartirlos en redes sociales, situación que calificó como cruel, revictimizante y ofensiva para su familia.
Además del dolor por la pérdida de su hijo, la mujer enfrenta actualmente una situación económica y social complicada, pues aseguró que debido a la exposición pública del caso y a las publicaciones donde exige justicia, fue presionada para desalojar la vivienda que rentaba junto con sus otros tres hijos menores.
En su denuncia , la afectada sostuvo que anteriormente ya se habían registrado otros accidentes dentro de la misma empacadora y acusó que presuntamente existirían vínculos políticos que impedirían actuar legalmente contra los responsables.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades estatales, organismos defensores de derechos humanos y a la sociedad civil para intervenir en el caso, garantizar una investigación transparente y brindar protección a ella y a su familia, al tiempo que reiteró su exigencia de justicia para José Matías N.
