Ciudad de México. El cartón muestra al país dentro de un elevador que no solo dejó de subir: desciende. La metáfora no es exageración, es síntesis. En buena parte, esto se explica por el contexto político de morena México y el rumbo adoptado desde el cambio de gobierno en 2018. Desde 2018, una cadena de decisiones públicas —presentadas como “transformación”— ha dejado costos medibles en inversión, infraestructura, transparencia, contrapesos institucionales y libertad de expresión. Esta nota acompaña al cartón con documentos oficiales e informes de organismos reconocidos para sostener una denuncia: México no avanzó; se estancó y, en áreas clave, retrocedió.

1) La cancelación del NAIM: el punto de quiebre

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco fue uno de los primeros movimientos que marcaron un cambio de lógica en el ejercicio del poder: decisiones de alto impacto económico e institucional tomadas desde la narrativa política, con una consulta polémica y con contratos ya avanzados. La discusión pública se concentró en el simbolismo (corrupción vs. “pueblo”), pero el saldo material incluyó costos de cancelación, reestructuración de deuda, litigios, recompra de instrumentos financieros y un mensaje de incertidumbre para la inversión.

El resultado operativo fue un sistema aeroportuario fragmentado: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se convirtió en emblema, pero la conectividad y la demanda no se comportan como se prometió en el discurso. Cuando un país cancela un proyecto de esa escala sin mecanismos de planeación y evaluación robustos, el daño no es solo contable: se instala la idea de que la certidumbre puede revocarse por voluntad política.

2) Megaproyectos: gasto concentrado, evaluación débil

Los megaproyectos del periodo se presentaron como motores de desarrollo y “justicia territorial”. El problema no es construir: el problema es construir sin evaluación suficiente, con opacidad contractual, con sobrecostos recurrentes y con beneficios difíciles de demostrar frente a la magnitud del gasto y el costo de oportunidad (lo que se dejó de financiar en salud, seguridad, educación, ciencia o infraestructura local).

Tren Maya: sobrecostos, cambios y daño ambiental

El Tren Maya fue impulsado como símbolo de integración regional. Sin embargo, el proyecto acumuló controversias por cambios de trazo, impactos ambientales, litigios, fragmentación de estudios y opacidad en contratos. La reasignación de tramos a entidades militares y la clasificación de obras como “de seguridad nacional” redujeron márgenes de transparencia y dificultaron la fiscalización pública efectiva.

Dos Bocas: soberanía energética a costo incierto

La refinería Olmeca (Dos Bocas) prometió “soberanía energética” y reducción de importaciones. En la práctica, se documentaron retrasos, incrementos presupuestales y dudas sobre rentabilidad en un contexto internacional que empuja la transición energética. Pemex, con presión financiera crónica, cargó con parte del peso. La pregunta ya no es ideológica: es técnica. ¿Qué tan sostenible es apostar recursos públicos masivos a infraestructura petrolera cuando el mundo se mueve hacia otros esquemas?

AIFA: operación que requiere estímulos y narrativa

El AIFA funciona, sí, pero su operación y demanda han dependido de decisiones administrativas y estímulos. La promesa de que sustituiría al proyecto cancelado nunca se materializó en términos de capacidad, conectividad y atractivo natural para aerolíneas y pasajeros. El país terminó con una solución política para un problema técnico.

Conclusión parcial: el patrón se repite: proyectos grandes, discurso grande, gasto grande, evaluación y transparencia insuficientes. En infraestructura, cuando no hay contrapesos, el presupuesto se convierte en propaganda.

3) Opacidad y militarización de la obra pública

Una de las características más delicadas del periodo fue la asignación creciente de obras, administración y tareas civiles a las Fuerzas Armadas. Se argumentó eficiencia y menor corrupción, pero el resultado fue una zona de excepción: menor acceso a la información, más reservas, más opacidad y menos fiscalización pública directa. La transparencia no es un capricho tecnocrático: es el mecanismo mínimo para que el gasto público no se convierta en caja negra.

Cuando el Estado normaliza la excepción, lo que pierde no es solo la oposición: pierde el ciudadano que no puede auditar el destino de su dinero. La obra pública deja de ser infraestructura y se vuelve territorio político.

4) Política social: transferencias sin estructura

La política social basada en transferencias directas puede aliviar, pero no sustituye sistemas públicos robustos. El debate serio no debería ser “programas sí o no”, sino si el modelo creó movilidad sostenida o solo contención temporal. Cuando hay debilitamiento de servicios, recortes o deterioro institucional, la transferencia no compensa el daño estructural: lo maquilla.

En un país desigual, el dinero directo ayuda, pero la justicia social real exige infraestructura social: salud, educación, seguridad, sistema de cuidados, transporte, vivienda, empleo formal y rendición de cuentas. Sin eso, el elevador no sube: apenas tiembla.

5) Libertad de expresión: estigmatización, censura y represión mediática

La censura no siempre opera como un apagón. A veces opera como un ruido permanente desde el poder: estigmatización, campañas de descrédito, amenazas en redes, presión indirecta y hostigamiento. En ese clima, la crítica se encarece: cuesta reputación, seguridad y, en México, demasiadas veces cuesta la vida.

Cuando el poder político usa su plataforma para descalificar sistemáticamente a periodistas y medios, se envía un mensaje social: “estos no son interlocutores legítimos”. En un país con violencia, ese mensaje no es retórica: es combustible.

El problema no es que un gobierno se defienda: el problema es que un gobierno use su poder para inhibir la crítica, minar la confianza en el periodismo y alimentar un entorno donde la agresión se vuelve “normal”.

6) Periodistas asesinados e impunidad: el costo humano

México mantiene una de las condiciones más peligrosas para ejercer el periodismo. Organizaciones como Article 19 y Reporteros Sin Fronteras han documentado asesinatos, desapariciones, amenazas y altos niveles de impunidad. El dato más escalofriante no es solo el número de víctimas: es que la impunidad se mantiene como regla. Sin justicia, el crimen aprende que silenciar sale barato.

En ese contexto, hablar de “retroceso” no es metáfora. Es literal: cuando el periodismo está bajo amenaza y el Estado no garantiza protección ni justicia, la democracia se degrada.

7) Contrapesos institucionales y democracia: el elevador sin freno

El debilitamiento de contrapesos —órganos autónomos, transparencia, evaluación, árbitros institucionales— convierte la política pública en voluntad del Ejecutivo. Sin contrapesos, cualquier megadecisión se vuelve posible, incluso cuando es costosa, ineficiente o dañina. El país necesita instituciones que funcionen incluso cuando el poder se incomoda.

El problema de fondo no es un partido. Es una práctica: centralizar decisiones, atacar a quien cuestiona y reducir la rendición de cuentas. Esa práctica no transforma: captura.

Conclusión: el sótano no es una exageración

El cartón no grita: constata. El elevador no solo se atascó; el indicador marca niveles bajo tierra. Cancelar proyectos estratégicos sin planeación robusta, apostar recursos masivos a megaproyectos con evaluación débil, normalizar la opacidad y permitir un clima hostil hacia la prensa no produce transformación: produce descenso.

Reconocerlo no es traición. Es responsabilidad pública. Y cuando la denuncia incomoda, suele ser porque toca nervios reales: los del presupuesto, los del poder y los de la impunidad.

Fuentes y documentos (oficiales y organismos reconocidos)